Liberadas 14 personas víctimas de explotación sexual y laboral por un grupo criminal en 6 inmuebles en Catalunya
Agentes de los Mossos d’Esquadra, conjuntamente con agentes de la Policía Nacional, detuvieron el pasado 14 de febrero, a ocho personas, de entre 20 y 48 años, a quienes se les atribuyen delitos de tráfico de seres humanos relativos a la explotación sexual y contra los derechos de los trabajadores, delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal.
El día 14 de febrero, en un operativo policial, los investigadores detuvieron a los 8 investigados y llevaron a cabo 7 entradas y pesquisas en las localidades de Barcelona, Calafell, Salou y Cabrils, donde clausuraron los 6 domicilios donde se explotaba sexualmente a las víctimas. En los domicilios investigados se intervinieron varias cantidades de sustancias estupefacientes, 20.000 euros, además de joyas y documentación diversa.
Los investigadores tomaron declaración a 14 mujeres, de las cuales 8 se identificaron como víctimas de prostitución coactiva, 4 como víctimas de delitos contra los derechos de los trabajadores y otras 2 como víctimas de tráfico de seres humanos.
Ambas víctimas de tráfico de seres humanos fueron acogidas por entidades dedicadas y especializadas en la ayuda integral y recuperación de víctimas de tráfico de seres humanos.
Los detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 16 de febrero de 2024
Casas utilizadas como prostíbulos clandestinos
La investigación se inició a finales de 2020 a raíz de una identificación en un control en La Jonquera en un vehículo donde viajaban 3 personas. Dos de estas personas, un hombre y una mujer, manifestaron a los agentes que trabajaban en un centro de atención telefónica clandestino regentado por la persona que los conducía a Catalunya, que a su vez regentaba prostíbulos distribuidos por toda Catalunya.
A raíz de estos hechos, la Unidad Central contra el Tráfico Seres Humanos de la DIC inició una investigación. En el marco de la participación en CITCO, se detectó que estas personas coincidían en otra investigación de Policía Nacional, lo que propició el inicio de un equipo conjunto de investigación.
En agosto de 2022 los investigadores realizaron una inspección en una casa prostíbulo situada en Salou (Tarragona), donde pudieron constatar que se ofrecían servicios sexuales. En el marco de la investigación posterior, los agentes acreditaron que las mujeres que ejercían la prostitución vivían en situaciones pésimas: hacinadas en colchones en el sótano, sin calefacción en invierno, ni ventilación, así como tampoco luz natural. Aparte, se les imponían condiciones laborales abusivas.
El 11 de mayo de 2023 los agentes realizaron una nueva inspección en un inmueble en Barcelona, donde de igual forma que en el inmueble de Salou, se detectó a siete mujeres en situación irregular, ejerciendo la prostitución y en condiciones infrahumanas.
Perfil de los detenidos y modus operandi
La investigación ha podido acreditar la existencia de una organización criminal, liderada por una mujer y un hombre que, además de los prostíbulos desmantelados, tenían a su cargo un centro de atención telefónica clandestino, en el que 4 víctimas trabajaban de telefonistas entre 12 y 15 horas diarias durante los siete días de la semana. Percibían una retribución de 1000€, sólo gozaban de una hora libre al día y no disponían de gas ni agua caliente, además de recibir amenazas y vejaciones por los responsables de la organización.
Desde ese centro de llamadas se gestionaba la contratación de los servicios sexuales en los prostíbulos, así como la organización de los mismos y el ofrecimiento de sustancias estupefacientes a los clientes.
Los líderes del entramado captaban a las mujeres que posteriormente serían prostituidas, u obligadas a trabajar en el centro de atención telefónica mediante páginas de redes sociales donde se ofrecía trabajo a personas extranjeras que residían de forma irregular. De este modo, se aseguraban captar a personas en graves situaciones de necesidad y vulnerabilidad, lo que las hacía más idóneas para someterse a los abusos de los líderes y, además, en caso de poder desvincularse de la organización, no denunciarían los hechos por miedo a explicar a la policía su situación irregular.
Los líderes también eran los que gestionaban directamente los domicilios y se encargaban de alquilarlos, ya fuera a su nombre o a nombre de terceros. Además, también abastecían los prostíbulos de sustancias estupefacientes como cocaína o 2CB, así como otros medicamentos para potenciar el deseo sexual o la disfunción eréctil. En cuanto a las sustancias estupefacientes, las propias mujeres prostituidas estaban obligadas a venderlas a los clientes y, en caso de que el cliente así lo pidiera, consumirlas también durante el servicio.
Aparte de los líderes, se detuvieron también a algunas personas que efectuaban funciones de responsable en el centro de atención telefónica y tareas de control y traslado de mujeres a los prostíbulos desmantelados. Los detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 16 de febrero de 2024 y los dos líderes de la organización ingresaron en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona, juzgado que tutela la causa.
El trabajo transversal con los derechos de las víctimas
Una vez atribuido el rol formal de víctimas, se les ofrecen los derechos que están regulados en diversas leyes como la Constitución española, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el Estatuto de la Víctima del delito y la ley de extranjería. De esta forma tendrán la posibilidad de contactar con una organización o entidad con experiencia acreditada en asistencia a las víctimas de tráfico de seres humanos, para recibir apoyo y asistencia.
En caso de que le sea reconocida la condición de víctima de tráfico de seres humanos, le serán reconocidos varios derechos.
También se les plantea la posibilidad de denunciar y en caso de que den su consentimiento, se les acompaña en todo el proceso. La denuncia se añade como un elemento más de la investigación de estas tipologías delictivas.
Si la víctima opta por no denunciar, la investigación sigue su curso porque dada la posibilidad de que renuncie a ejercer este derecho, el investigador cuenta con otras herramientas y recursos policiales para sostener la investigación y llegar al final con la detención de los autores de los hechos delictivos.
