La nueva ley protegerá la vivienda pública prohibiendo que se venda a fondos buitre
La nueva Ley de Vivienda incluirá la prohibición de vender la vivienda pública por parte de las administraciones a entidades privadas, como pueden ser los fondos de inversión buitres, para lo cual se excluye su recalificación.
Fuentes de Unidas Podemos han explicado a Timis Local News que se ha logrado incluir este punto en el acuerdo pactado con el PSOE para la nueva ley de protección de la vivienda, con el objetivo de establecer la prohibición de enajenar esos pisos de titularidad pública y que puedan luego ser ofrecidos al mercado libre.
Una cláusula que busca impedir casos como el que tuvo lugar en el año 2013, cuando el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Ignacio González, orquestó la mayor venta de viviendas públicas y sociales de la historia, con sus inquilinos dentro, a cambio de 201 millones de euros. 2.953 viviendas se entregaron al fondo de inversión Goldman Sachs con el argumento de que aquella venta era necesaria para no incurrir en déficit.
Dicha operación fue anulada por el Tribunal Supremo al subrayar que dicha enajenación no estaba justificada.
Otra operación similar fue llevada a cabo ese mismo año por el Ayuntamiento de Madrid, cuando era dirigido por Ana Botella, y transfirió 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) al fondo de inversión Blackstone por 128,5 millones de euros.
La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha indicado que la ley aspiraba a impedir casos como la enajenación de vivienda protegida, como se vio en el pasado en la Comunidad de Madrid con la venta de pisos a fondos buitre. «Eso no se va a volver a hacer en España», ha sentenciado.
El texto consensuado entre los socios de coalición establece que la calificación de un suelo establecido como reserva para vivienda en régimen de protección pública «no podrá modificarse».
Además, las viviendas protegidas que se promuevan en dichos suelos «estarán sometidas a un régimen de protección pública permanente que excluya la descalificación, en tanto se mantenga la calificación de dicho suelo».
La nueva ley de vivienda también contempla destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida, para ampliar el parque público de vivienda, mientras que un 15% de esa cifra será para alquiler social.
Además, prevé un recargo del 150% del IBI para los pisos vacíos y una regulación del precio del alquiler para bajar las rentas en las viviendas en manos de grandes propietarios (10 viviendas o más) con personalidad jurídica, teniendo en cuenta índices de referencia en zonas tensionadas.
A su vez, figura bonificaciones fiscales hasta el 90% de las rentas que obtengan los pequeños propietarios en caso de bajar el precio de los alquileres respecto al contrato anterior. También incluye medidas de protección frente a los desahucios centrada en la población vulnerable.
La nueva ley protegerá la vivienda pública prohibiendo que se venda a fondos buitre
