Las nucleares amenazan parar si se aplica la reducción en el recibo de la luz
La industria nuclear española ha respondido este martes con contundencia al anuncio del gobierno de recortarles los beneficios que obtienen las centrales por la no emisión de dióxido de carbono.
Esta es una de las medidas previstas por la Moncloa para frenar la escalada de la factura de la luz y desde Foro Nuclear han advertido que, si el proyecto de ley del CO² prospera, deberán detener la producción de las centrales.
La patronal, donde están representadas empresas con intereses en el sector, incluidas grandes eléctricas, reacciona al anuncio de Pedro Sánchez que los 650 millones que se deberían pagar a las eléctricas por las no emisiones se desviarán a los consumidores para rebajarlos el recibo de la luz.
Se quejan de «presión fiscal excesiva»
Según Foro Nuclear, el proyecto planteado y la «presión fiscal excesiva» llevan a una «penalización» del sector y harán que sea imposible que las nucleares sigan funcionando y el sector se verá abocado al «cese de la actividad de todo el parque nuclear».
La medida se quiere aplicar hasta el 31 de marzo del 2022 en las plantas nucleares, hidráulicas y renovables con una capacidad instalada superior a 10 megavatios, siempre que el precio MW/h en el mercado del gas español sea de 20 euros o más.
La organización de la industria nuclear alega que, con la nueva ley en vigor, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez disminuido el precio del CO², «no debería ser inferior a 57-60 euros por megavatio hora con el nivel impositivo actual». Y añade que, si no es así, «sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas».
El presidente del Foro, Ignacio Araluce, advirtió que todo ello podría conducir a un «cierre desordenado» de las nucleares, con la consecuente «pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial» y una «dependencia energética mayor» del exterior, así como un «incremento» de la volatilidad del precio en el mercado mayorista.
Ribera les pide «prudencia»
Este mismo martes por la noche la vicepresidenta del gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha respondido a esta amenaza del lobby nuclear pidiéndoles «prudencia».
Entrevistada por la Cadena Ser, Ribera lo ha valorado como una «primera reacción en caliente», y se mostró convencida de que, cuando conozcan el detalle de las medidas, que ha dicho que les garantiza una «rentabilidad asegurada», se lo tomarán de otro modo:
«Las medidas que tomaremos ofrecen una rentabilidad asegurada. Prefieren que no haya medidas que disminuyan sus beneficios, pero deben hacer un análisis detallado de este proyecto de ley».
No podrán cerrarlas
En todo caso, la vicepresidenta ha asegurado que las eléctricas no podrán cerrar las centrales nucleares fácilmente, porque están obligadas a garantizar el suministro de electricidad:
«Si hay un propietario de una central que quiere cerrarla lo notificará y habrá que ver si es compatible o no con el suministro».
En este sentido, ha añadido que las eléctricas están sometidas al criterio de Red Eléctrica, la empresa que se encarga del transporte de toda la electricidad y garantiza el suministro.
En la entrevista la ministra explicó que informó a las eléctricas de las medidas antes de llevarlas al Consejo de Ministros, y añadió que su reacción «no se corresponde con la realidad».
No habrían renovado la explotación de las nucleares
La patronal argumenta también que la ley no debería aplicarse a la energía nuclear para que las centrales renuevan periódicamente la autorización para funcionar teniendo en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO² en el mercado internacional.
Y dice que, si la norma que ahora se ha aprobado hubiera estado en vigor, no deberían dar este paso, que en algunos casos ha sido reciente.
La patronal añade que si, finalmente, la norma entra en vigor, «no debería aplicarse de forma retroactiva en ningún caso».
Las nucleares renuevan las concesiones, habitualmente, por décadas.
Las eléctricas también han cargado contra la norma aprobada en el Consejo de Ministros de este martes que pretende que vuelvan los beneficios extraordinarios que han conseguido en el mercado eléctrico mayorista debido a la elevado precio internacional del gas. A los precios actuales, estos beneficios sumarán unos 2.600 millones de euros.
Las nucleares amenazan parar si se aplica la reducción en el recibo de la luz
