La Ministra de Trabajo ordena investigar si existen abusos laborales en el campo
El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, se había puesto serio antes de la emergencia sanitaria con los abusos laborales en el campo y había ordenado a la Inspección, en la misma línea que ya se hacía en años anteriores, que investigase en esta campaña agraria, entre los meses de mayo y junio, los excesos de todo tenor, desde infracciones administrativas hasta delitos.
Incluso delitos de trata de seres humanos y situaciones de posible «esclavitud».
La campaña de Trabajo –cuyas directrices quedaron plasmadas en un documento que publicó el periodista Antonio Salvador en El Independiente el pasado 12 de mayo– recogía que el objeto último de estas actuaciones, según una nota enviada a las inspecciones provinciales, es «garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores en el desarrollo de esta campaña agrícola, así como salvaguardar la dignidad de los mismos frente a posibles agresiones y abusos».
En la nota, Trabajo recoge, en virtud de convenios ya existentes, la participación de la Guardia Civil y, en su caso de la Policía Nacional o Autonómica para «investigar en profundidad» todos los hechos o conductas «presuntamente delictivas».
Abusos documentados
Los excesos y abusos que se han producido en el campo están perfectamente documentados en reportajes, en denuncias de los trabajadores y también en distintos informes de asociaciones y de ONG.
Las organizaciones agrarias siempre han asegurado que no son generalizados y han llegado incluso a negarlos en algunas ocasiones.
Los organismos internacionales también se han interesado por la situación de la mano de obra en las fincas españolas.
El relator de la ONU para la pobreza extrema, Philip Alston, el pasado mes de febrero, tras unas dos semanas en España, se confesó «pasmado» ante las cosas que llegó a ver en alguna finca fresera de Huelva.
COAG Andalucía criticó la medida del Gobierno que, a su entender, “no tiene ni pies ni cabeza”. En este sentido, señala que “España está en Europa, esto no es África ni ningún país con dictadura donde la gente esté en plan esclavo. ¿Es que estamos locos?”.
ASAJA Córdoba considera inaceptable que en el cuestionario de la ministra se hagan preguntas como: “¿presenta el trabajador indicios de malos tratos como magulladuras?; o ¿existen otros indicios de confusión mental o de violencia?, o ¿notifican los trabajadores las amenazas dirigidas contra ellos, sus compañeros o miembros de su familia?
Asaja Extremadura va más allá, y ha pedido la destitución de la ministra.
Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
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