La Ley Ómnibus de Ayuso se carga el Decreto Ábalos
La portavoz regional de Más Madrid, Mónica García, ha descrito la nueva Ley Ómnibus presentada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso como “un lobo vestido de cordero” y “la excusa para seguir con su modelo de ladrillazo, desigualdad y descontrol”.
Un día antes de Nochebuena, sin publicidad y saltándose todos los procedimientos, Ayuso registró este texto que afecta a una treintena de leyes, siete decretos sobre materias muy diversas como medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo, ordenamiento del juego, transporte urbano, administración local, servicios sociales, deporte o las tasas, que merecen un tratamiento pormenorizado y su correspondiente debate.
En palabras de Mónica García, se trata de “un intento de ocultar profundos retrocesos en materia de protección urbanística, transporte urbano, transparencia y control de las cuentas y la contratación, especialmente la sanitaria”.
De esta manera, la fecha de presentación, la omisión del trámite de consulta pública y el uso del trámite de urgencia, lo que permite reducir a la mitad, de 15 a 7 días laborables, el periodo audiencia e información pública, muestra, para Más Madrid, la voluntad del gobierno de ocultar el calado de las medidas que propone, dificultar el acceso de la sociedad madrileña y evitar rendir cuentas y asumir responsabilidades.
Para Más Madrid, esta ley, “mientras se escuda en el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración, le pone la alfombra roja a la especulación y a los pelotazos urbanísticos, elimina la obligación de hacer públicas las agendas de los miembros del gobierno y los cargos públicos y atenta contra la independencia de la Cámara de Cuentas”.
“Incluso las buenas ideas corren el riesgo de acabar pervertidas, como la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria que, conociendo los antecedentes del Partido Popular, es muy posible que acabe sirviendo para generalizar la contratación sanitaria opaca, con falta de concurrencia y discrecional”, añade García.
Algunos de los principales efectos de esta ley
→ Ordenación del territorio: Abren, aún más, la puerta a abusos urbanísticos al otorgar al Consejo de Gobierno la potestad de decidir si un proyecto tiene o no “alcance regional”; es decir, si el Gobierno quiere, se podrá construir en cualquier tipo de suelo, incluso protegido. Se trata de una modificación que se va a traducir en más especulación, menos protección del territorio y ausencia total de búsqueda de proyectos social y económicamente responsables.
→ Transparencia: Elimina la obligación de publicar las reuniones que mantengan los miembros del gobierno y cargos públicos. Introducen la “reunión de cortesía institucional” para no tener que dejar constancia de una reunión. Convierten una obligación en un elemento voluntario.
→ Cámara de Cuentas: Atenta contra la independencia de la Cámara de Cuentas, pasando de una mayoría de dos tercios a una mayoría simple para elegir a los consejeros. Y elimina la obligación de comparecencia previa a su elección (algo que sí se mantiene a nivel estatal).
→ Agencia de Contratación Sanitaria. Conociendo los antecedentes del Partido Popular tememos que sirva para generalizar la contratación opaca, falta de concurrencia y discrecional. Es un asunto que sería merecedora de una ley ex profeso para su creación y podría suponer una oportunidad para acabar con la fragmentación de la contratación en los diferentes centros gestores,
→ Ley de servicios sociales. Implantan la historia social y el registro único. Inicialmente iba a tener un carácter universal pero la limitan a usuarios de servicios sociales, un elemento que no mejora la situación de los servicios sociales ni de los usuarios pero sí los estigmatiza creando un “carnet de pobre”.
→ Decreto de juego. Supone una transposición de elementos de la normativa estatal. Pierde la oportunidad de dar pasos para poner orden en el juego en la Comunidad de Madrid, evitar la incorporación de adolescentes y aumentar la ayuda a las asociaciones de afectados.
→ Transportes urbanos (VTC): cronifica la mala situación para el colectivo de taxistas, ampliando la discrecionalidad y manteniendo la falta de obligación de pre-contratación. Además, no explican cómo van a hacer cumplir la relación 1/30 (1 VTC por cada 30 taxis) que establece la ley (actualmente en Madrid es 1/7).
→ Entidades locales: resta competencias a los municipios, establecen diferencia entre Mancomunidad y Mancomunidad de Interés General sin aclarar modos de contratación de la plantilla, sin fijar los plazos para los desarrollos reglamentarios que citan, sin incluir criterio de paridad, sin establecer mecanismos de publicidad y transparencia para los acuerdos y los documentos, sin garantizar informes de impacto territorial desde Medio Ambiente…
→ Archivos públicos. Mayor mercantilización por aumento de las tasas de reproducción lo que los convierte en bienes menos accesibles y poco universales.
→ Contratación médicos extranjeros. La “exención del requisito de nacionalidad” es una copia literal de lo que llevábamos en el programa, propusimos en la Asamblea y el PP votó en contra.
La Ley Ómnibus de Ayuso se carga el Decreto Ábalos
