La inhabilitación del presidente Torra sacude el escenario político
El alto tribunal ha rechazado el recurso que presentó Torra contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que el 19 de diciembre le condenó a un año y medio de inhabilitación, al considerarlo «autor penalmente responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público».
La sentencia de inhabilitación ya es firme, por lo tanto, y el presidente quedará inhabilitado, aunque su abogado, Gonzalo Boye, anunció que el siguiente paso será ir al Tribunal Constitucional, donde pedirán la suspensión de la condena y, posteriormente, ir a la justicia europea.
La vista del recurso se celebró el día 17 en el salón de plenos del Tribunal Supremo.
La defensa de Torra pidió la absolución del delito de desobediencia por no haber retirado la pancarta sobre los presos del Palau de la Generalitat. Cree que se vulneraron sus derechos fundamentales y que la condena fue desproporcionada.
En cambio, la Fiscalía y la acción popular, que ejerce Vox, pidieron la confirmación de la sentencia del TSJC.
La decisión del Supremo de inhabilitar al presidente abre diversos interrogantes, como cuándo será efectiva la sentencia y cuál es el calendario a partir de este momento.
Una pancarta al inicio de todo
Todo comenzó en junio de 2018. Minutos después de la toma de posesión del gobierno de Quim Torra en el Palau de la Generalitat, se cuelga en la fachada la pancarta con el lema «Libertad presos políticos y exiliados» y un lazo amarillo.
Al cabo de 10 meses, se acercan las elecciones en el Congreso. El 7 de marzo Ciudadanos, que desde el primer día ha defendido que la pancarta es «un símbolo que excluye la mitad de la población de Cataluña», lleva el caso a la Junta Electoral. Se acababan de convocar las elecciones generales del 28 de abril y, por tanto, era periodo electoral.
Cuatro días después, el 11 de marzo, la Junta Electoral Central concluye que los lazos amarillos y las estrelladas son símbolos partidistas y marca un primer plazo para retirarlos: 48 horas.
Se agota el plazo de la JEC y la pancarta continúa colgada. Quim Torra declara que los lazos y las pancartas «son libertad de expresión». Aquellos días hay varios intentos de desconocidos para retirar la pancarta. Una decena de encapuchados llegaron a arrancar el lazo amarillo del Ayuntamiento de Barcelona.
El 18 de marzo, la Junta Electoral Central vuelve a pedir a Quim Torra que retire la pancarta antes de 24 horas. El polvo se mantiene mientras el Ayuntamiento retira el lazo amarillo. La Generalitat rechaza por segunda vez sacarla de la fachada y espera el informe que ha encargado al Síndic de Greuges sobre la cuestión. Finalmente, el síndico le recomienda que, al tratarse de periodo electoral, retire lazos y estrelladas de los edificios públicos.
El 21 de marzo, 10 días después del primer requerimiento de la Junta Electoral, se cambia la pancarta por primera vez. Mantiene el lema «Libertad presos políticos y exiliados», pero se ha sustituido el lazo amarillo por otro de blanco con una franja roja. Horas después, la JEC ordena al consejero de Interior que movilice los Mossos para retirar pancartas y lazos de los edificios de la Generalitat.
Un día después, segundo cambio de banner: se retira la que lleva el lazo blanco y se pone otra con el lema «Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos».
La inhabilitación del presidente Torra sacude el escenario político
