La Fiscalía aprecia indicios penales en la gestión del Hospital de Torrejón
La Fiscalía ha puesto el foco en la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz tras detectar posibles actuaciones que podrían encajar en un delito de prevaricación.
El centro, de titularidad pública pero gestionado por una empresa privada, se encuentra bajo escrutinio después de que salieran a la luz unas grabaciones internas que han generado una fuerte polémica.
Grabaciones que activan la actuación judicial.
El origen del caso se sitúa en unos audios internos en los que un alto directivo de la concesionaria sanitaria planteaba estrategias orientadas a mejorar la rentabilidad económica del hospital,
incluso con impacto en la organización de la atención asistencial. Estas declaraciones provocaron alarma entre profesionales y partidos políticos y derivaron en la dimisión del máximo responsable ejecutivo.
Del análisis fiscal al juzgado
Tras examinar el contenido de las grabaciones y la documentación recopilada, el Ministerio Público considera
que podrían haberse adoptado decisiones administrativas injustas de forma consciente.
Por este motivo, el caso ha sido remitido a un juzgado de Torrejón de Ardoz para que determine si existen responsabilidades penales.
Unificación de denuncias
La Fiscalía ha decidido agrupar en un único procedimiento todas las denuncias presentadas, tanto por formaciones políticas como por colectivos ciudadanos y particulares. En ellas se advierte de posibles prácticas que habrían afectado a la gestión de recursos públicos, la calidad asistencial y los derechos de los pacientes.
Debate político y sanitario
El caso ha reabierto el debate sobre el modelo de gestión público-privada en la sanidad.
Desde la oposición se reclaman explicaciones y responsabilidades, mientras que el Ejecutivo autonómico
defiende que los controles administrativos habituales no detectaron irregularidades relevantes y enmarca el asunto en el ámbito estrictamente judicial.
Un proceso aún abierto
Por el momento, no existen imputaciones ni conclusiones definitivas. La investigación judicial marcará los próximos pasos en un caso que podría sentar un precedente sobre los límites legales en la gestión privada de servicios públicos esenciales, especialmente en el ámbito sanitario.
