La Fiscalía se opone a imputar a Puigdemont y Rovira por terrorismo

La Fiscalía recurrirá el Auto de García-Castellón para imputar a Puigdemont y Rovira por terrorismo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá el auto del juez Manuel García-Castellón que imputa a Carles Puigdemont, Marta Rovira y al resto de investigados en el caso Tsunami Democràtic.

La investigación está abierta por terrorismo y, según fuentes de la Fiscalía, el recurso se basa en la convicción de que las actuaciones de este movimiento no encajan en este delito y, al desaparecer el de sedición por la reforma del Código Penal, la causa sólo podría salir adelante por desórdenes públicos y debería derivarse a los juzgados de Barcelona.

De hecho, las fuentes consultadas han añadido que, antes de que el juez dictara este auto, la Fiscalía de la Audiencia ya estaba preparando un informe para que la causa fuera juzgada en Barcelona por desórdenes públicos, de acuerdo con las informaciones policiales que constan en el procedimiento.

Además, apuntan que el magistrado encargó el viernes un informe sobre quién había que imputar, pero ha decidido actuar directamente este lunes sin esperarse a conocer el parecer de la Fiscalía.

La noticia de la imputación se ha sabido este lunes por la mañana, coincidiendo con las horas clave de la negociación entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno.

Las conversaciones, precisamente, se han atascado en el alcance que debe tener la amnistía, y concretamente en la necesidad de que afecte, o no, a los casos que puedan encajar en la definición de lawfare, el nombre que recibe el uso estratégico de las leyes por ser disidentes políticos o por perjudicar a adversarios.


El Poder Judicial se posiciona en contra de la amnistía sin conocer la ley

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Qué dice el auto

En el auto que la Fiscalía recurrirá en apelación, el juez ha acordado citar como investigada a Rovira y a otras ocho personas, y en el caso de Puigdemont le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente dada su condición de eurodiputado, que implicaría la obligación de dictar un suplicatorio por citarlo.

El juez considera que las acciones desplegadas por Tsunami Democràtic, una «organización estructurada» y «jerarquizada» surgida en el 2019 en protesta contra la sentencia del Procés, podrían incurrir en «actos de terrorismo» y también sería posible calificarlos como «delitos» de desórdenes públicos terroristas», que requiere que se cometan por una organización terrorista o individualmente, pero amparándose en ella.