La Fiscalía de Lleida se opone a un nuevo confinamiento por el coronavirus
La Fiscalía Provincial de Lleida se ha opuesto a que la justicia ratifique la decisión la Generalitat de que, desde este lunes se prohiba toda salida y entrada a varias poblaciones del Segrià.
Entre ellas se encuentran Lleida, Aitona, Alcarràs, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre, Seròs y Soses. Además de las entidades municipales descentralizadas de Raimat y Sucs.
El fiscal jefe de la Audiencia de Lleida, Juan F. Bone, afirma en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 1, que «es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso».
«En todo caso, el presidente de la Generalidad, de acuerdo con el art 5º de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ‘podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma».
Torra aprueba un decreto ley para adoptar medidas
El gobierno catalán ha aprobado este lunes por la noche, en una sesión extraordinaria, un decreto ley que modifica la Ley 18/2009, de salud pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la Covid-19.
Lo hace para introducir un nuevo apartado que faculta la autoridad sanitaria para que en situaciones de pandemia o epidemia pueda adoptar medidas de limitación de la actividad, el desplazamiento de personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales.
El gobierno ha aprobado este decreto después de que la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida no ratificara la decisión la Generalitat de prohibir toda salida y entrada en los municipios mencionados.
Según informó el gobierno en un comunicado, el decreto ley quiere reforzar la seguridad jurídica de las decisiones tomadas por la Generalitat y las autoridades sanitarias, aunque indica que «ni en el confinamiento de la Conca de Òdena ni en otros supuestos de comunidades autónomas del estado que han tomado medidas similares ningún juez lo ha requerido.
Incluso, en Galicia y el País Vasco se han restringido derechos fundamentales, como el derecho de sufragio, sin que ningún juez haya dictado que para hacer esto se necesita declarar de nuevo el estado de alarma».
Informe de las autoridades sanitarias y tiempo limitado
El decreto, explica el comunicado, tiene como objetivo garantizar el control de los contagios y proteger la salud de las personas, adecuándose al principio de proporcionalidad.
Para aplicar medidas restrictivas se requerirá un informe de las autoridades sanitarias y, en principio, no podrán mantenerse durante más de 15 días.
El decreto también detalla los indicadores a partir de los cuales se podrán adoptar las medidas, por ejemplo, la proporción de pruebas positivas respecto al total de pruebas realizadas en los últimos siete días, la proporción de camas de agudos ocupados por casos Covid-19 y ocupación total o la evolución del número de casos que han requerido hospitalización o UCI.
El gobierno ya ha anunciado que hoy martes se dictará una segunda resolución con medidas específicas para la comarca del Segrià y se pedirá de nuevo autorización judicial.
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