La Audiencia de Barcelona, en contra del criterio de la fiscalía, ordena investigar a Ada Colau

La Audiencia de Barcelona, en contra del criterio de la fiscalía, ordena investigar a Ada Colau

El fondo buitre Vauras Investment había denunciado a la alcaldesa Ada Colau, la concejala de Vivienda, Lucía Martín, y al concejal del Distrito de Sants Montjuïc, Marc Serra, a quien acusaba de connivencia con las personas que habían ocupado un bloque de su propiedad en la calle Lleida del barrio de Poble Sec, bautizado popularmente con el nombre de Bloc Llavors.

El fondo argumentaba que los sucesivos aplazamientos del desahucio le causaron pérdidas económicas. Finalmente, un juez ordenó el desalojo del bloque en marzo de 2020, que los Mossos ejecutaron, a pesar de la ley aprobada por la Generalitat que obligaba al fondo Vauras Investment a ofrecer un alquiler social a las familias que vivían en los pisos.

La denuncia terminó archivada pero ahora la Audiencia de Barcelona ha corregido a la jueza instructora y ha reabierto la causa contra Ada Colau, Marc Serra y Lucía Martín y una funcionaria del área de Vivienda, a quienes el fondo buitre Vauras Investments acusa de “cercanía con grupos okupas” en el conflicto que el grupo inversor y el consistorio mantuvieron por un bloque ocupado por familias vulnerables.

La negativa de Vauras a ofrecer un alquiler social a los ocupantes, tal y como marca la ley catalana de Vivienda, llevó al Ayuntamiento a multar al fondo.

Ni fiscal ni jueza instructora vieron delito alguno en la actuación municipal sobre las seis familias vulnerables que ocuparon el inmueble. El edificio llegó a convertirse en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en Barcelona y enfrentó a los jueces con el Parlament antes de que los Mossos d’Esquadra lo desalojaran al sexto intento.

La Audiencia de Barcelona disiente del criterio de fiscal y jueza y mantiene que el conflicto entre Vauras y el consistorio sí debe investigarse por la vía penal. Según los magistrados de la sección 8ª de la Audiencia de Barcelona, las multas del Ayuntamiento a Vauras “podrían ser la espuria consecuencia de no acceder a las pretensiones del consistorio” para “forzar” al fondo buitre a ofrecer un alquiler social (pese a que así lo contempla la ley catalana de Vivienda).

La querella de Vauras se suma a la actividad judicial impulsada por grandes empresas y fondos buitre descontentos con las decisiones del consistorio. Hasta ahora ninguna de diez causas judiciales ha llegado a juicio, y los casos se encuentran archivados o bien bajo investigación.

El recurso no concreta nada nuevo

Pese a aceptar parte del recurso de Vauras, los jueces reprochan a los abogados del fondo la “gratuidad adjetiva” del recurso, en el que se ataca con contundencia a la jueza instructora que archivó en primera instancia el caso.

La Audiencia de Barcelona también reconoce que Vauras “no concreta de forma clara” qué expedientes, ni su fecha ni las personas que intervinieron en las resoluciones administrativas que señala como prevaricadoras. Por ello los jueces indican al fondo que debe especificarles ante el juzgado y que la instructora, igualmente, debe reclamar al consistorio cada uno de los expedientes que menciona Vauras en su querella.

Ese fue el mayor reproche del fiscal y de la instructora al fondo. La magistrada archivó en primera instancia el caso al constatar que la acusación de “connivencia” entre el Ayuntamiento y “grupos okupas” mantenida por Vauras “es una afirmación carente de cualquier sustento probatorio”.

La magistrada remarcó que las propuestas de alquiler social por parte de los propietarios a las familias pobres que quiere desahuciar son “obligatorias” en la ley catalana de vivienda y que ningún cargo del Ayuntamiento empleó violencia o intimidación contra representantes del fondo.

En la misma línea argumento el fiscal, quien argumentó que las exigencias de Barcelona a Vauras para que el fondo ofreciera contratos de alquiler social no eran coacciones al carecer de la intimidación y violencia necesarias para este delito.

La Audiencia de Barcelona ha desoído estas tesis y conduce de nuevo a la alcaldesa a una comparecencia como investigada, que se suma a la que protagonizó a principios de marzo por la querella del caso de las subvenciones a entidades sociales.

La Audiencia de Barcelona, en contra del criterio de la fiscalía, ordena investigar a Ada Colau