El Juzgado ordena investigar a los policías que derribaron una puerta en Madrid para parar una fiesta

El Juzgado ordena investigar a los policías que derribaron una puerta en Madrid para parar una fiesta

¿Puede la policía reventar una puerta para detener una supuesta fiesta ilegal? La justicia madrileña deja claro que no. La Audiencia Provincial de Madrid ha frenado la denuncia de unos agentes contra unos inquilinos que no los querían dejar entrar. Los policías forzaron la puerta y ahora el juez pide que se les investigue.

El caso se hizo viral en marzo, en plena ola del coronavirus y con nuevas restricciones.

Como se ve en el vídeo, los agentes piden que les abran y la inquilina se niega porque alega que no tienen ninguna orden judicial. Los policías acaban derribando la puerta. Lo hacen amparándose en lo que se denomina «delito flagrante», que permite a los agentes actuar en caso de que sean testigos de la comisión de un delito.

El caso causó polémica. ¿Es un delito flagrante la celebración de una supuesta fiesta ilegal? El Gobierno avaló la actuación de los agentes, aunque negó que hubiera órdenes para que la policía entrara en domicilios sin orden judicial.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid contradice esta versión. El juez encargado de revisar el caso ha decidido no admitir a trámite la denuncia que presentaron los policías. Y va más allá: estima el recurso de los inquilinos y ordena al juzgado de instrucción número 4 que tome testimonio a los agentes de la Policía Nacional para investigar si cometieron una infracción penal por entrar sin consentimiento en un domicilio.

La Audiencia Provincial también deja claro que superar el número de personas permitido en un domicilio se trata de una desobediencia leve. No se tipifica como delito y, por tanto, no puede ser un «delito flagrante» que ampare la actuación de los agentes.

Además, el juez recuerda que la inviolabilidad de domicilio es un derecho recogido en la Constitución. Los policías sólo se lo pueden saltar si hay consentimiento del inquilino, orden judicial o se está cometiendo un delito.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido respeto por la decisión de la Audiencia sin entrar a valorar el fondo de la cuestión.

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