Juicio por homicidio imprudente a los 16 guardias civiles de la tragedia del Tarajal

Juicio por homicidio imprudente a los 16 guardias civiles de la tragedia del Tarajal

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha acordado procesar por un presunto delito de homicidio imprudente a los 16 guardias civiles investigados por su actuación el 6 de febrero de 2014.

Los hechos ocurrieron cuando al menos 14 migrantes murieron ahogados al intentar acceder a España bordeando a nado el espigón ceutí de El Tarajal mientras las fuerzas de seguridad desplegaban medios antidisturbios para tratar de impedirlo.

En concreto, la instructora ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado, lo que conlleva la apertura de juicio oral, con los agentes imputados además por presuntos delitos de lesiones y prevaricación.

En enero de 2017 y en agosto de 2018 la magistrada había ordenado el sobreseimiento de la causa, pero ambas resoluciones fueron rechazadas por la Audiencia Provincial, que entendió que «ante un supuesto de un calado humano, social y jurídico tan grande como el que nos ocupa» no debían escatimarse esfuerzos «de cara a agotar las diligencias indagatorias necesarias y así lograr llevar a cabo la investigación suficiente y eficaz que es requerida».

Durante el último año se ha interrogado a dos testigos supervivientes de los hechos.

Una mujer localizada en Alemania declaró por videoconferencia que llegó hasta la línea de costa con un chaleco salvavidas artesanal fabricado con botellas vacías de agua y que, al adentrarse en el mar, varios migrantes le instaron a salir de nuevo porque la Guardia Civil había colocado una embarcación como barrera.

Otro migrante localizado en Madrid abundó en que el grupo de cientos de indocumentados se arrojó de madrugada al agua, donde habrían recibido el lanzamiento, según su declaración, de «cartuchos rojos» y «botes de humo o gases» que les «desconcertaron».

También dijo que «dos embarcaciones» del Instituto Armado se dispusieron en el agua para impedir su avance.

En la causa están personadas como acusaciones (además del Ministerio Público) la Asociación Comité René Cassin, Sociedad Humana, Coordinadora de Barrios, Observatori de Drets Humans, Pro Derechos Humanos de España y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Hay un plazo de diez días para que la Fiscalía exprese su posición, pues en caso de que decidiese no ejercer la acusación la causa podría no llegar a juicio en aplicación de la denominada ‘doctrina Botín’, tal y como han apuntado fuentes jurídicas.

Los abogados de los guardias entienden que debe procederse al sobreseimiento libre de la causa «toda vez que no existen indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa, sin que se haya cometido delito alguno a pesar de la intencionalidad clara de las acusaciones particulares».

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