Imputados seis agentes de la Guardia Civil por el uso ilegal de métodos en investigación de narcotráfico
Una jueza de Madrid ha citado como investigados a seis agentes del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil en Madrid, el mismo grupo que instruyó los atestados con falsedades, bulos y sesgo ideológico que responsabilizaron al Gobierno central de contribuir a la propagación de la epidemia del Covid-19 tras autorizar la marcha feminista del 8 de marzo de 2020.
Extensión de la investigación a seis guardias civiles
La actual investigación, que inicialmente solo implicaba al número dos del equipo, se ha ampliado a otros cinco agentes. Todos ellos están acusados de colocar balizas sin autorización judicial en una investigación sobre narcotráfico. Los seis guardias civiles comparecerán el 25 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid, según han confirmado fuentes del caso a elDiario.es.
Acusaciones de presunto delito contra la intimidad
Los agentes están acusados de presunto delito contra la intimidad por colocar sin autorización dos dispositivos de seguimiento en el coche y la motocicleta de un presunto narcotraficante, quien luego fue investigado en la Audiencia Nacional.
El caso de los atestados falsificados y la Operación Sanitario
En 2020, cuatro de los seis agentes ahora imputados firmaron los atestados que sirvieron para imputar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y para señalar a varios ministros del Gobierno y al epidemiólogo Fernando Simón. Estos informes, que afirmaban que el Gobierno sabía del peligro real del coronavirus, fueron ampliamente criticados por su falta de fiabilidad y terminaron siendo archivados por la jueza.
La actuación de los guardias civiles en el 8M y la controversia política
En los informes de la Operación Sanitario, los agentes reprodujeron mantras de la extrema derecha, haciendo afirmaciones como que los guantes de látex que llevaba la ministra Celaá en la manifestación del 8M probaban que el Gobierno ocultaba el riesgo del virus. Sin embargo, el uso de guantes morados, símbolo del feminismo, no probaba ninguna conspiración. Los atestados fueron finalmente desestimados debido a la falta de pruebas sólidas.
El coronel Pérez de los Cobos y la controversia interna en la Guardia Civil
El Gobierno cesó al coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por no informar adecuadamente sobre el avance de las investigaciones, pero tuvo que restituirlo por orden judicial. La única investigación interna se centró en la filtración de los atestados, pero un tribunal militar anuló la sanción a los guardias implicados.
Imputación por el uso ilegal de balizas
En una grabación de septiembre de 2023, uno de los brigadistas implicados, número dos del equipo de guardias civiles, admitió que el uso de las balizas era ilegal, diciendo: “Soy el más ilegal de los ilegales”. Esta grabación fue la primera pista que condujo a las imputaciones por el uso ilegal de balizas en una operación llamada Águila-Frozen, en la que se investigaba una presunta organización de narcotráfico.
Los detalles de la investigación y la vinculación de los guardias
El trabajo de la Policía Nacional en la investigación reveló que las balizas fueron adquiridas y activadas por los agentes implicados. Se usaron tarjetas SIM obtenidas ilegalmente a nombre de una persona que había perdido su DNI. Los agentes fueron localizados a través del posicionamiento de sus móviles, lo que permitió vincularlos con las zonas de compra y activación de las balizas.
Declaraciones y evidencias de las balizas ilegales
El juez Santiago Pedraz ordenó investigar las balizas y tomó declaración a la mujer que grabó el audio del brigadista, lo que llevó a la imputación de al menos seis miembros del equipo. Los agentes fueron localizados en la zona y hora en la que las balizas fueron activadas y se les vinculó con el objetivo de narcotráfico.
El caso del 8M: Testigos y falsificación de testimonios
En el contexto del 8M, el brigadista que firmó los testimonios de sindicalistas y funcionarios que aseguraron no haber recibido advertencias sobre el riesgo de la manifestación, fue quien firmó los atestados que intentaron incriminar al Gobierno. La falsificación de testimonios y la tergiversación de hechos fueron parte de los irregularidades que terminaron por deslegitimar los atestados.
