Hoy se aprueba la ley para cambiar los juicios por delitos sexuales
El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de ley de Garantía integral de la Libertad Sexual, después de 16 meses de aprobarse como anteproyecto.
Después de varios movimientos entre Unidas Podemos y el Partido Socialista el anteproyecto salió del Consejo de Ministros en marzo de 2020.
Hubo diferencias entre los ministerios de Igualdad y Justicia y críticas del Consejo General del Poder Judicial, que rechazó por unanimidad la redacción de la ley y se opuso tanto la referencia al consentimiento expreso como la distinción entre abuso y violación.
La esencia de la norma es que tendrá en cuenta el consentimiento expreso en las relaciones sexuales y se dejará de distinguir entre abuso y violación. También se perseguirá todo tipo de proxenetismo.
En el caso del consentimiento, la norma quedará recogido, finalmente, de este modo:
«Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».
La ley debe servir para que el consentimiento sea clave en los juicios por delitos sexuales.
Las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido, porque todo acto sexual sin consentimiento será una agresión, según destaca el Ministerio de Igualdad.
Y los abusos sexuales se eliminarán del Código Penal, otra petición que ha abanderado el feminismo tras la controvertida sentencia de La Manada, que no fue por agresión sino por abuso, porque los jueces no consideraron que hubiera violencia ni intimidación en la violación en grupo a una chica de 18 años por parte de cinco jóvenes.
El Supremo enmendó la sentencia del TSJ de Navarra y elevó la pena a los condenados, de 9 a 15 años de prisión, por un delito continuado de violación con las agravantes de trato vejatorio y de actuación conjunta.
También prevé evitar la llamada revictimización, con medidas como evitar que la mujer tenga que estar en contacto visual con el presunto agresor o permitir que pueda declarar en salas especiales.
Además, establece la existencia de centros de atención 24 horas para las mayores de 16 años, aunque no denuncien su caso, y casas de infancia para que se puedan recuperar las menores, víctimas de violencia sexual.
Desde el ministerio que encabeza Irene Montero destacan que la fórmula elegida va en la línea del Convenio de Estambul contra la violencia hacia las mujeres, que establece en el artículo 36.2 que «el consentimiento debe ser dado voluntariamente como resultado de la libre voluntad de la persona considerada en el contexto de las circunstancias del entorno».
Igualdad defiende que el modelo de consentimiento en positivo lo han adoptado otros países como Suecia o Gran Bretaña.
Hoy se aprueba la ley para cambiar los juicios por delitos sexuales
