Hasta donde llega la corrupción de los políticos

Hasta donde llega la corrupción de los políticos en este país?

Venderían a cualquiera con tal de alcanzar la cima de los paraísos fiscales?

Nos van a ganar la partida a los honestos?

Preguntas y más preguntas sin respuesta que hace que cada día nos levantemos con la incertidumbre de no saber si alcanzaremos a pagar todo lo que nos piden y si nos llegará para poder subsistir otra velada.

La corrupción opera en la política de múltiples maneras: a través de sobreprecios y sobrefacturación, licitaciones mal habidas, concursos arreglados, contrataciones directas no transparentes, servicios que en verdad no se prestan, contratos sin sentido y robos de distinta índole.

¡Pensemos cuántas autopistas, colegios, hospitales, universidades y centros de investigación o becas, cuántos puentes y otras obras o servicios básicos podrían ser cubiertos con esos recursos robados!

Está claro que crece la indignación por el enorme porcentaje de nuestros ingresos que pagamos en impuestos y tasas.

No estamos contando aquí otros negocios paralelos. La posibilidad de poner testaferros en juego, en empresas privatizadas que vuelven como un boomerang, el tráfico de influencias, o el porcentaje que puede llegar a cobrarse por intermediar en operaciones de comercio exterior.

Si miramos en las conocidas puertas giratorias, nos daremos cuenta de por qué el Partido Popular y Ciudadanos quieren aniquilar el Servicio Público del Taxi y de paso, ya que estamos, hacer un regalito a sus amigos de Uber y Cabify.

He aquí una larga lista, aunque no completa de nuestro colegas colaborativos

Xavier Cima, el marido de Inés Arrimadas, tiene la consultora Observatori 2050, con sede en Rambla Catalunya de Barcelona.

La empresa, según figura en el Registro Mercantil, ofrece «toda clase de servicios de asesoramiento en los ámbitos político, económico, legal…». Dentro de esta actividad se incorpora el trabajo para Uber.

Iñigo de la Serna, ex ministro de Fomento del Partido Popular. trabaja de asesor en NEC, para posicionarla como líder de la transformación digital en las ciudades.

Ildefonso Pastor, también del P.P. trabaja en Uber como responsable.

Isaac Martín, otro que metió en el Ministerio el señor de la Serna, trabaja para Cabify.

Rosauro Varo, hijo de Amalia Rodriguez, diputada del PSOE, también en Cabify.

Jaime Castellanos, cuñado de Emilio Botín, tiene miles de autorizaciones de VTC que explota a través de Uber y Cabify.

Pedro del Corro, consejero de Mediapro y Globomedia, como el anterior, miles de autorizaciones.

Es comprensible de alguna manera que Ángel Garrido, presidente de la comunidad de Madrid, del PP, se atreva a sujetar una huelga de taxistas que dura ya 10 días?

Que motivos pueden existir para no dar el brazo a torcer con semejante presión y dentro de una Feria Ifema?

Y lo más importante, la Ley dice bien claro que los vehículos VTC no pueden captar clientes en la calle, y esto es lo que piden los taxistas, que se regule conforme a Ley.

Entonces, por qué siendo el representante de toda una comunidad y Capital no obliga a que se cumpla la Ley, y además pone trabas?

Bienvenidos al cuento chino de la economía colaborativa donde unos pocos se forran el riñón con la miseria de la inmensa mayoría.

La solución a semejante flagelo es política. Pero la posibilidad de que ciudadanos honestos compitamos de igual a igual en elecciones contra estas maquinarias de corrupción, para desplazarlos y producir un cambio desde adentro, es remota.

¿Por qué lo seguimos intentando, entonces? Apostamos a que esa mayoría silenciosa, enojada con este atropello pero adormecida, finalmente diga “basta”.

¿Ocurrirá ese momento? Toda nuestra esperanza está puesta en ello.

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