Hacienda juega a la gallinita ciega con Uber, Cabify, Glovo y Airbnb
La falsa economía colaborativa, basada en plataformas digitales que unen demanda y oferta entre particulares debe controlarse.
No es un sistema de mutuo apoyo solidario (como su nombre parece sugerir), es un mercado ilegal que sigue operando en los márgenes de la regulación.
Es necesario nivelar la balanza con los demás mercados. El caso más similar es la bolsa de valores.
Pero, Uber, Cabify, Glovo, Airbnb o Deliveroo, son servicios legales?. Pagan sus impuestos en nuestro país?. Y lo más importante, controla la Agencia Tributaria y su gabinete jurídico las aportaciones, o juega a la gallinita ciega?
Los taxistas de todo el mundo se quejan de la actividad de transporte que realizan las aplicaciones disruptivas ocultas bajo una falsa intermediación.
A su vez, los conductores de estas aplicaciones se quejan de que no tienen en absoluto Derechos Laborales y son explotados.
Los repartidores de alimentos -Riders-, tres cuartos de lo mismo, no disponen de seguro de accidentes, baja laboral y todos los derechos laborales básicos en una sociedad democrática.
El sector hotelero está harto de que plataformas como Airbnb operen bajo una acérrima competencia desleal.
Para los defensores de estas nuevas formas de comercio, no se puede prohibir una transacción entre privados y las plataformas no pueden asimilarse a la categoría en la que participan.
Ni Uber, Cabify y Bolt, son una compañía de taxis, ni Airbnb es un hotel.
Un ejemplo de este tipo de servicios es la bolsa de valores
Las bolsas son empresas privadas organizadas que prestan un servicio similar.
Son un mercado en el cual compradores y vendedores de acciones y títulos se encuentran para realizar operaciones.
Antiguamente esos eran mercados físicos, hoy son cada vez más digitales.
Pero su esencia es la misma. Emitir títulos requiere unas exigencias legales, que la bolsa debe verificar que el emisor cumpla.
Los compradores también están sometidos a reglas y a un escrutinio sobre sus operaciones para evitar maniobras indebidas que alteren el funcionamiento del mercado.
Pero el punto más importante es que las bolsas de valores declaran los ingresos que reciben por sus servicios de intermediación y pagan impuestos sobre los mismos.
Pagan los impuestos estas empresas transnacionales?
La filial española de la plataforma de alquileres turísticos, que factura servicios de márketing a su matriz en Irlanda, declaró unos ingresos de 5,6 millones.
Airbnb Marketing Services, abonó a la Hacienda española apenas 86.226 euros en concepto de impuesto de sociedades en 2018, según figura en las últimas cuentas depositadas por la empresa en el Registro Mercantil. Son 14.000 euros más que el ejercicio anterior.
La sociedad española se limita, según explica la propia empresa, «a prestar servicios de márketing y de objetivos de mercado».
Airbnb Marketing Services, con sede en Barcelona, no tiene por lo tanto ninguna actividad relacionada con el alquiler turístico a efectos fiscales.
Ahora, falta lograr que paguen impuestos en nuestro país sobre la comisión que reciben por estas transacciones.
Por ahora se siguen escudando en el hecho de que son servicios globales “deslocalizados” y por lo tanto ese servicio no está ubicado en el país. Ese argumento es inaceptable, más cuando viene de un servicio que se basa en la geolocalización.
Es muy sencillo identificar cuantas transacciones se hacen en España con clientes o arrendadores españoles y pagar impuestos sobre esos importes.
De hecho, esa es la gran reclamación que hacen los europeos a las empresas digitales.
Las empresas que prestan servicios de esta naturaleza deberían repartir su base impositiva entre la sede social, donde está la propiedad intelectual de la plataforma, y los países donde operan y están sus clientes.
El asunto es complejo y genera grandes conflictos, como se ha visto por ejemplo entre los gobiernos de Estados Unidos y Francia por ese mismo tema.
España debería asumir un liderazgo internacional entre los países de la Unión para que esas negociaciones no se hagan sin su participación.
El caso de Uber es similar, solo que ellos están aún más atrás en el proceso
Uber abonó a la Hacienda española 325.380 euros en concepto de Impuestos de Sociedades correspondientes a 2018. En el ejercicio del año anterior el importe fue de 53.817.
Para Hacienda el negocio principal de Uber no se produce de facto en España ya que solamente está registrada la filial Uber Systems Spain, una compañía cuyo objeto social es exclusivamente “ofrecer marketing local y apoyo en servicios”.
A efectos fiscales, Uber es en España sólo una agencia de marketing.
En definitiva, necesitamos una regulación para los servicios y para los ingresos que se derivan de la nueva economía.
Las compañías transnacionales que operan en nuestro país envían todo su dinero recaudado a paraísos fiscales y operan con total impunidad contraviniendo las normas que los demás ciudadanos cumplen.
Si estas empresas pagasen sus impuestos como las demás y asegurasen a sus empleados como hacen las otras en nuestro país, probablemente no sería necesario adecuar las leyes de transporte y alojamiento, desaparecerían ellas solas de la actividad, ya que no les resultaría rentable.
Reconocer su existencia y exigirles el pago de impuestos de manera justa, en función de lo que ganan, es por donde deberíamos empezar.
Hacienda juega a la gallinita ciega con Uber, Cabify, Glovo y Airbnb
