El fiscal general del Estado, García Ortiz, niega haber filtrado información
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha declarado este miércoles ante el Tribunal Supremo negando haber filtrado los correos electrónicos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en los que se reconocían dos delitos fiscales e intentaba pactar con la Fiscalía para evitar la cárcel.
García Ortiz aseguró que no facilitó los correos ni el expediente tributario de Alberto González Amador a nadie, dentro o fuera de la Fiscalía, ni ordenó que otros lo hicieran.
Una imputación sin precedentes
El fiscal general compareció como imputado, algo inédito en democracia, ante el Supremo, que le investiga por un delito de revelación de secretos en la causa por fraude fiscal contra la pareja de Ayuso. Se enfrenta a penas que incluyen multa e inhabilitación de hasta tres años.
A su llegada a las 9:30 horas, fue recibido por un fiscal jefe del Supremo, pero también por un pequeño grupo de personas que le increparon con gritos como «criminal» y «sinvergüenza».
Denuncia vulneración de su derecho a la defensa
En su declaración de una hora y media, García Ortiz calificó el registro en su despacho como una «violación» de su espacio y criticó la instrucción del juez Ángel Hurtado, argumentando que ha vulnerado su derecho a la defensa.
El fiscal general denunció que la entrada en su despacho oficial, el 30 de octubre, fue invasiva y que el juez se ha negado a realizar diligencias solicitadas por su abogado para defenderlo.
Borrado de mensajes y falta de pruebas
La UCO de la Guardia Civil no pudo encontrar correos ni chats en los dispositivos de García Ortiz, ya que él mismo reconoció que borra el contenido de su móvil regularmente. Explicó que ha cambiado de teléfono seis veces en los últimos cuatro años, justificándolo como una medida de seguridad ante la información sensible que maneja.
Los correos de la pareja de Ayuso y la línea de tiempo de la filtración
El juez investiga si García Ortiz y dos fiscales filtraron un correo enviado el 2 de febrero de 2024 al buzón genérico de delitos económicos de la Fiscalía, donde la pareja de Ayuso admitía dos delitos fiscales a cambio de un pacto de conformidad.
12 de febrero: La Fiscalía responde al abogado de González Amador y le asigna un fiscal.
12 de marzo: El fiscal informa que se ha interpuesto la denuncia, pero mantiene abierta la posibilidad de pacto.
13 de marzo, 21:29: El diario El Mundo publica la información sobre el correo del 12 de marzo.
13 de marzo, 21:59: García Ortiz obtiene el mail con la confesión.
13 de marzo, 23:51: Cadena SER publica la misma información.
Según el juez del Supremo, tras la publicación de la noticia, se produjo un «frenético intercambio de comunicaciones» dentro de la Fiscalía, encabezado por García Ortiz.
Periodistas cuestionan la acusación contra el fiscal general
Algunos periodistas que declararon como testigos ante el juez aseguraron que el correo en cuestión ya circulaba en medios antes de que lo recibiera el fiscal general.
Además, tres testigos pusieron en duda la versión de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, quien dijo que no filtró nada antes de la noticia de El Mundo. Sin embargo, varios periodistas sostienen que sí compartió información previamente.
El Supremo avala el nombramiento de García Ortiz
El martes, la sala contencioso-administrativa del Supremo validó, por unanimidad, el nombramiento de García Ortiz como fiscal general del Estado. Se desestimó el recurso de una asociación de fiscales, que pedía anular su designación por considerarlo un candidato no idóneo.
Ahora, García Ortiz afronta su segunda cita judicial de la semana, convirtiéndose en el primer fiscal general del Estado imputado en una causa penal en democracia.