Los menores de 16 años, eje de la nueva regulación tecnológica
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes en Dubái que su Ejecutivo pondrá en marcha cinco nuevas medidas legislativas y regulatorias. Entre ellas destaca la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años, una propuesta que toma como referencia iniciativas ya aplicadas en Francia. El objetivo principal es proteger a la población joven y reforzar la supervisión sobre las plataformas digitales.
Además, las compañías tecnológicas estarán obligadas a implantar sistemas eficaces de verificación de edad y a intervenir con mayor firmeza ante posibles abusos. Con ello se busca consolidar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales.
Plataformas digitales bajo vigilancia
Durante su intervención en el World Government Summit, Sánchez describió las redes sociales como “un estado fallido”, al considerar que en estos espacios las normas se incumplen con frecuencia, se permite la comisión de delitos y la desinformación termina imponiéndose a los hechos verificados. Según señaló, esta situación afecta a millones de personas, que pueden convertirse en víctimas de delitos de odio. También cuestionó el papel de los algoritmos, a los que atribuyó la distorsión del debate público, así como el uso inadecuado de datos personales.
El presidente mencionó varios ejemplos recientes que, a su juicio, evidencian esta problemática. Indicó que TikTok ha sido señalada por la presunta presencia de cuentas maliciosas que difunden material de pornografía infantil generado con inteligencia artificial. También apuntó que X, red propiedad de Elon Musk, ha sido relacionada con la difusión de desinformación sobre procesos de regularización migratoria. En cuanto a Instagram y Facebook, recordó que han afrontado acusaciones vinculadas al espionaje de usuarios y a campañas de desinformación en periodos electorales.
Recuperar el control y hacer cumplir la ley
Sánchez subrayó que la prioridad debe ser recuperar el control institucional sobre estas plataformas para garantizar que operen dentro de los marcos legales. A su juicio, las redes sociales deben cumplir las normas igual que cualquier otro sector regulado, especialmente cuando está en juego la seguridad, la convivencia democrática y la protección de los derechos de la ciudadanía.
