Nueva regulación de registro en hostelería y servicios: debate por el control de datos de los clientes
Desde este lunes, entra en vigor una normativa que obliga a hoteles, apartamentos turísticos y empresas de alquiler de vehículos a recopilar datos detallados de sus clientes. La medida, promovida por el Gobierno, busca reforzar la seguridad pública, pero ha desatado críticas en el sector turístico y hostelero, que la consideran excesiva, burocrática y perjudicial para la actividad económica.
¿Qué establece la nueva normativa?
- Datos requeridos:
Los establecimientos deberán registrar información como:- Identificación personal: nombre, género, DNI, nacionalidad.
- Contacto: dirección completa, teléfono y correo electrónico.
- Detalles de la transacción: fechas de entrada y salida, número de referencia.
- Información del pago: titular y caducidad de la tarjeta utilizada.
- Relación de parentesco si el cliente está acompañado por menores.
- ¿Quién debe cumplirla?
- Hoteles, hostales, campings y casas rurales.
- Empresas de alquiler de vehículos y plataformas digitales de reservas.
- Agencias de viajes y operadores de pisos turísticos.
El registro se realizará a través de la plataforma Ses.hospedajes, que, según Interior, ya ha recogido más de 4,8 millones de datos, ayudando a identificar a miles de personas con órdenes de detención.
Seguridad contra impacto en el sector
El Ministerio del Interior sostiene que la normativa moderniza los métodos de registro y fortalece la prevención contra el crimen organizado y el terrorismo, argumentando que no exige documentación adicional y que las empresas no tendrán que verificar la información proporcionada por los usuarios.
Por otro lado, representantes del sector expresan:
- Cargas excesivas: La regulación añade complejidad administrativa y aumenta los costes operativos.
- Competitividad afectada: Podría desincentivar a los turistas, posicionando a España en desventaja frente a otros destinos.
- Preocupaciones legales: Posibles conflictos con la normativa europea de protección de datos, especialmente sobre el uso de información bancaria.
Reacciones políticas y legales
En el ámbito político, el Partido Popular impulsó una moción en el Senado, respaldada por PNV y Junts, que solicitaba una prórroga de la entrada en vigor, aunque el Gobierno descartó esta posibilidad.
Diversas asociaciones y entidades han anunciado acciones legales, entre ellas:
- Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que califica la norma como confusa y desproporcionada.
- Agencias de viajes, que critican la duplicación de datos y cuestionan la utilidad real para mejorar la seguridad.
- El Consell de l’Advocacia Catalana, que advierte de posibles vulneraciones del derecho a la privacidad y la protección de datos personales.
Perspectivas e Implicaciones
Aunque el Gobierno asegura que la medida fortalecerá la seguridad ciudadana, el impacto en el sector turístico y en la operatividad empresarial genera incertidumbre. La discusión sobre cómo equilibrar la seguridad y los derechos de privacidad continúa abierta, mientras las empresas afectadas exploran vías legales para modificar o frenar la normativa.
En los próximos meses, será clave evaluar si este registro logra sus objetivos sin afectar de manera significativa la competitividad del turismo y los derechos de los clientes.
