El TJUE avala en parte al juez Llarena para solicitar otra orden de extradición de Puigdemont
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (TJUE), ha hecho pública este martes la respuesta a las preguntas prejudiciales formuladas hace casi dos años por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre el rechazo de Bélgica a ejecutar la euroorden contra Lluís Puig.
La respuesta avala parcialmente a los postulados de Llarena, afirmando que el tribunal belga que la rechazó no podía hacerlo:
«Una autoridad judicial no dispone de la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea en base a un motivo de no ejecución que no se derive de la decisión marco de la UE, sino exclusivamente del derecho del estado miembro que deba ejecutarlo».
El TJUE concluye que «se pueden emitir varias euroórdenes sucesivas contra una persona buscada para obtener su entrega» después de que se haya negado una primera euroorden.
La Gran Sala del TJUE recuerda que «la piedra angular» de las euroórdenes son «los principios de confianza y de reconocimiento mutuo» entre los estados miembros, pero también que el derecho fundamental a un proceso equitativo tiene «importancia capital».
«Este derecho garantiza la protección del conjunto de los derechos que el derecho de la UE confiere a los ciudadanos ante la justicia y la salvaguarda de los valores comunes de los estados miembros».
En cualquier caso, el TJUE admite que, excepcionalmente, el sistema judicial de un país pueda rechazar una euroorden «después de un examen adecuado».
Deficiencias que afecten a «un grupo objetivamente identificable de personas»
En este sentido, la sentencia del TJUE añade que, si la persona objeto de la euroorden afirma que no se respetará su derecho a un juicio justo, el tribunal que decida debe examinar si esto es así.
Y debe hacerlo, primero, examinando si existen «deficiencias sistémicas» en el sistema judicial del país que lo ha emitido o «deficiencias que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas a las que pertenezca el interesado».
Y después valorando si esto comporta «razones serias y fundadas para creer que esta persona correrá riesgo en caso de ser entregada a ese estado miembro».
Es una respuesta sobre el caso de Puig, pero que también acabará afectando a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.
La valoración que han hecho de la sentencia tanto Lluís Puig como Carles Puigdemont y el abogado Gonzalo Boye ha sido muy positiva, asegurando que «cambia el escenario jurídico».
En una comparecencia al mediodía en Bruselas, Puigdemont afirmó con contundencia que en la práctica hace «inviables» las extradiciones, que a su juicio quedan «en vía muerta».
Boye por su parte afirmó que de la sentencia se desprende que el Tribunal Supremo no tenía competencias para emitir las euroórdenes, y también que «da instrumentos para seguir luchando».
