El Supremo confirma las condenas de Chaves y Griñán por los ERE
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves por el caso de los ERE. En el caso de Chaves, los jueces de la sala penal confirman la condena de nueve años de inhabilitación y en el de Griñán de seis años de cárcel, algo que implicará su entrada en prisión. Las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer han anunciado que dictarán un voto discrepante. Presidió el tribunal Juan Ramón Berdugo y le acompañaron en la decisión que se impuso Carmen Lamela y Eduardo de Porres.
La Audiencia Provincial de Sevilla consideró probado, en 2019, que, en la década de los noventa, la Junta de Andalucía y la Consejería de Empleo pusieron en marcha un sistema fraudulento de ayudas con dinero público para las empresas que contrataran trabajadores con una edad próxima a la jubilación y también para empresas en crisis.
Entre ellos, Griñán por un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, a seis años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Chaves, su condena fue a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
El sistema de ayudas se extendió entre los años 2000 y 2009 y siguió adelante a pesar de las múltiples objeciones, entre otras, de la Intervención de la Junta de Andalucía. Los millones de euros destinados al sistema se canalizaban de manera irregular a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) valiéndose de modificaciones presupuestarias irregulares y evitando la mayoría de controles y filtros de la administración para enviar el dinero lo más rápido posible a las empresas y trabajadores.
Las consecuencias de este descontrol perpetrado bajo los gobiernos de Cháves y Griñán, según sentenció la Audiencia de Sevilla, hizo que muchos trabajadores y empresas en crisis que podían haber optado a las ayudas no pudieran acceder mientras que otros que ya no tenían derecho siguieron cobrando durante años. Según el cálculo del tribunal sevillano, entre 2000 y 2009 se transfirieron irregularmente 679,4 millones de euros.
Todos los condenados llevaron su caso hasta el Tribunal Supremo y la Fiscalía pidió que la sentencia sea confirmada. «Todo este sistema era prevaricador», dijo el fiscal ante la sala penal del Supremo en mayo. Las defensas aseguraron que el caso estaba basado en «una conjetura colosal» y Griñán afirmó que el sistema de ayudas ya existía cuando él se puso al frente de la Consejería de Economía de la Junta.
