El nuevo TC avala la ley del aborto de Zapatero 12 años después

El nuevo TC, de mayoría progresista, avala la ley del aborto de Zapatero 12 años después

El Tribunal Constitucional ha decidido avalar la ley del aborto aprobada en 2010 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El pleno del tribunal, de mayoría progresista , ha rechazado este jueves la propuesta de sentencia que había redactado el magistrado conservador Enrique Arnaldo.

La ponencia de Arnaldo veía inconstitucional una cuestión: el artículo que regula la información que reciben previamente las mujeres, que consideraba insuficiente. Creía que no garantiza suficientemente que exista un consentimiento informado por parte de la mujer.

La argumentación va en la misma línea que Castilla y León, que impulsó un nuevo protocolo para que se ofrezca a las mujeres embarazadas, también a las que quieren abortar, escuchar el latido del corazón del feto, entre otras medidas.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha encargado la redacción de una nueva sentencia a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que deberá redactar un nuevo texto acorde con el parecer mayoritario del tribunal, es decir, avalando la constitucionalidad de la ley en su totalidad.

Con ello, se rechaza el recurso de inconstitucional que presentó el PP hace cerca de 13 años. Esta decisión no afecta a la legislación vigente.

Progresistas y conservadores han evidenciado la primera gran división en la nueva etapa del TC. Los siete magistrados progresistas han votado en contra de la ponencia de Arnaldo, que sólo ha recibido el apoyo de los otros tres compañeros de su grupo.

La ponencia que proponía Arnaldo y que fue rechazada avalaba la ley del 2010, pero veía inconstitucional una cuestión: el artículo que regula la información que reciben previamente las mujeres. Consideraba que no garantiza suficientemente que exista un consentimiento informado por parte de la mujer.

La ponencia no incluía referencia alguna al consentimiento paterno en los casos de abortos de menores de 16 y 17 años porque, aunque era uno de los preceptos impugnados, el gobierno de Mariano Rajoy lo derogó en el 2015.

Este aspecto está a punto de ser superado de nuevo por la nueva reforma de la ley, que sólo debe pasar el trámite del Congreso.


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