Después de años esquivando a la justicia, el juez prevaricador ha sido conducido hasta la prisión
El Joaquín Gadea desde la Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional al juez prevaricador Fernando Presencia, condenado dos veces, inhabilitado e investigado por múltiples delitos.
En las diligencias que dirige Gadea, se le atribuye a Presencia y sus colaboradores los delitos de estafa agravada, apropiación indebida agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización o grupo criminal, por arremeter contra altos cargos del Estado y de montar una estafa a través de la web ACODAP.
Tres de sus colaboradores también han ingresado en prisión. Son Juan Martínez Grasa, Alberto Royuela y su hijo Santiago, creadores del ‘expediente Royuela’, formado por cerca de 40.000 documentos en su mayoría falsos que dibujan una trama criminal incriminatoria contra jueces y políticos difundida en internet por círculos ultraderechistas.
Detenido el polémico exjuez Fernando Presencia, dos veces condenado
El juez desterrado
El 24 de julio de 2017 el Tribunal Supremo condenó a Fernando Presencia a 10 años de inhabilitación por haber cometido un delito de prevaricación. Presencia, hasta entonces juez decano del juzgado de Talavera de la Reina, había archivado las investigaciones abiertas contra un amigo suyo que había atropellado a un peatón y se había dado a la fuga, además de otra causa que archivó de otro amigo por estafa.
En 2018 puso en marcha la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), una entidad sin ánimo de lucro que en realidad sería una organización criminal para recaudar dinero mediante la interposición de denuncias falsas.
«Una estructura criminal» presidida por el exjuez, relata el auto de su ingreso en prisión, formada sobre el papel por siete individuos. En realidad, ACODAP serviría para que Presencia, los Royuela, Juan Martínez Grasa, Alejandro Digas, Álvaro Arteaga y Lidia Reina se lucrasen con las donaciones que recibían.
La estafa funcionaba de la siguiente manera: ACODAP generaba presuntamente documentos falsos en los que se mostraban depósitos de grandes cargos del Estado en paraísos fiscales. Acto seguido, presentaba denuncias contra ellos y, a través de su web y diversas redes sociales, publicaba noticias falsas sobre las denuncias e incluso sobre la imputación de estos cargos.
La asociación pedía donativos en cada publicación y llegó a recaudar 188.722 euros, que habrían ido a parar a los bolsillos de todos ellos. Fernando Presencia se habría embolsado al menos 34.230 euros; Alberto Royuela, 27.000 euros; Lidia Reina, 15.174.
«Así, los indicios reunidos hasta el momento permiten constatar que ACODAP, organización aparentemente creada para luchar contra la corrupción, sería en realidad el medio corrupto por el que, al parecer, se enriquecerían sus miembros y parientes, empezando por su presidente, Fernando Presencia Crespo, quien una vez separado de la carrera judicial carecía de ingreso alguno, y que la pretendida intención de actuar contra la corrupción no sería más que un falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas», concluye el auto firmado por el juez Gadea.
La estafa orquestada por Fernando Presencia -«una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de los miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas»- difamaba a cargos muy poderosos en el Estado español.
Entre ellos figuran el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Dolores Delgado (entonces fiscal general del Estado), Fernando Grande-Marlaska, Josep Borrell, María Gámez (entonces directora de la Guardia Civil) o el que fuera presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.
Algunos de ellos eran, de hecho, magistrados con los que se había topado a lo largo de su carrera: Marina Navarro y Marta Vicente de Gregorio, que ejercían en el tribunal de Talavera, y Pablo Llarena, que le había condenado por prevaricación. Según reconoce el propio auto de la Audiencia Nacional, «resulta difícil delimitar el número de personas respecto de las cuales se han vertido denuncias y acusaciones».
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El ‘modus operandi’
La investigación contra la fundación ACODAP comenzó en abril de 2022. Presencia había presentado una de las denuncias de las que vivía su organización, dirigida contra Zapatero y Delgado, y la Audiencia Nacional la rechazó.
Además, el órgano dio un golpe en la mesa contra el exjuez y pidió investigar si la documentación adjunta había sido fabricada ex profeso para incriminar a los denunciados. La Guardia Civil y la Policía Nacional comenzaron sus pesquisas y descubrieron «desde el primer momento» que los hechos denunciados durante años carecían «de toda verosimilitud indiciaria como medio de prueba».
Todos los documentos estaban diseñados con una misma tipografía. La policía accedió finalmente al domicilio de Alberto Royuela e incautó un disco duro para descubrir una «plantilla» de Word en la que se habrían elaborado todos estos documentos.
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La detención
El pasado miércoles por la mañana fueron citados a declarar como imputados en la Audiencia Nacional los Royuela, Juan Martínez Grasa y Fernando Presencia. Pero este último no acudió a la cita, de forma que el juez Gadea emitió una orden de detención contra él. Grasa, Alberto Royuela y su hijo ingresaron en prisión provisional y la Policía detuvo al juez prevaricador.
Gadea ha convenido encarcelar a Presencia como medida cautelar argumentando que hay riesgo de fuga y reiteración delictiva. «El investigado no compareció ante el llamamiento judicial, evidenciando su intención de obstaculizar la labor judicial», sostiene el auto, que destaca además: «El investigado sigue creyendo que es magistrado en activo […] pese a las dos sentencias condenatorias». Más aún, apunta Gadea en su escrito, «el investigado se cobija en su condición de magistrado para buscar una impunidad que no ostenta ni el jefe del Estado, y pretende eludir cualquier clase de responsabilidad».
