El juez envía a juicio a 45 agentes de la Policía Nacional por las cargas del 1-O en Barcelona
Tras más de cinco años, el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha cerrado la instrucción por las cargas del 1 de octubre de 2017. El juez ha decidido enviar a juicio a 45 agentes y librar a otros 20.
Todos ellos son agentes de la Policía Nacional, que podrían ser autores de delitos de lesiones e, incluso, de torturas y contra la integridad moral de los votantes.
El juez instructor, Francisco Miralles, apunta que los heridos pueden acusar a los agentes de un delito de lesiones leves o menos graves, pero también de los «delitos previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal». En estos artículos se incluyen los delitos de torturas y se recogen unas penas de 2 a 4 años de cárcel.
El #magistrat d’instrucció 7 de #Barcelona finalitza la #instrucció i resol seguir la tramitació contra 45 policies pels incidents ocorreguts en centres escolars de la ciutat l’1 d’octubre de 2017. Ara s’obre la fase de qualificació perquè les parts presentin els seus escrits
— TSJCat (@tsj_cat) January 25, 2023
Ahora son las acusaciones –Fiscalía y acusaciones particulares– las que deben redactar el escrito de acusación para sentar a los agentes en el banquillo. Tienen 40 días para ello.
Cargas en 25 centros de votación
En una resolución de 70 páginas, el magistrado detalla la actuación policial en varios puntos de la ciudad que sirvieron de centro de votación.
Algunos de estos centros se convirtieron en un símbolo de ese día, como la Escuela Pau Claris, donde hubo lo que se conoció como «patada voladora» cuando un agente saltó sobre los concentrados en las escaleras.
En la Escuela Ramon Llull es donde hubo el disparo de pelota de goma que hizo perder un ojo a Roger Espanyol.
En la Escola Dolors Monserdà hubo otra de las imágenes impactantes de la jornada, con agentes de la policía arrastrando a una mujer agarrándola por la cara.
La investigación no llega a los mandos
La investigación se centra en los agentes que protagonizaron las cargas y sus mandos sobre el terreno pero no llega a la cúpula operativa y política que decidió la actuación durante el 1-O.
En mayo del 2021, la Audiencia de Barcelona ya dejó claro que no se investigará a los jefes policiales por las cargas. Entonces, los magistrados descartaron que hubiera ninguna orden concreta de actuar «con contundencia» el día del referéndum convocado por la Generalitat.
