El Gobierno quiere limitar los alquileres temporales haciendo constar en el contrato el motivo de la temporalidad
El Ministerio de Vivienda ha detallado cómo quiere regular el uso de los alquileres de temporada para que los arrendadores no los aprovechen para sortear la legislación existente. Según la ministra Isabel Rodríguez, la medida es urgente. Por este motivo, se emitirá un real decreto para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que obligará a dejar clara la causa de la temporalidad a la hora de formalizar el contrato.
Además, Rodríguez recordó que el nuevo reglamento europeo igualará las viviendas turísticas a las de temporada a la hora de justificar la temporalidad. Sobre esta norma, ha anunciado la creación de una plataforma -aún pendiente de diseñar- que registrará todos los contratos de alquiler de las diversas modalidades. De esta forma, las administraciones estatales, las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán tener mayor control sobre los arrendadores.
El Sindicato de Inquilinos, decepcionado con la propuesta
Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, ha expresado el descontento de la asociación hacia una regulación que, dicen, «no es suficiente» y «no desincentiva el uso de los alquileres de temporada para saltarse la regulación de precios» . De hecho, aseguran que la propuesta del ministerio perpetúa las «prácticas abusivas y no ofrece una protección adecuada para los inquilinos».
Aragonés lo afirmó tras la reunión del grupo de trabajo de alquileres temporales convocada por el Ministerio de Vivienda, al que asistieron en persona representantes del Sindicato de Inquilinos de la capital del estado. «No es la propuesta del grupo de trabajo, es la propuesta del Gobierno», ha lamentado. La reunión se produjo después de que la semana pasada los sindicatos de inquilinos del estado registraron en el Congreso de los Diputados una propuesta para modificar la Ley de arrendamientos urbanos para así dificultar las prácticas de algunos propietarios.
Sobre la plataforma de registro propuesta por el Gobierno, afirman que «es un sistema encubierto de licencias que responde a los intereses de la patronal». Dicen también que la última propuesta de este tipo tardó más de cuatro años en hacerse efectiva.
