El gobierno eliminará el límite para poder contratar a empleados públicos

El gobierno eliminará en 2025 el límite actual para poder contratar empleados públicos

El gobierno español eliminará la tasa de reposición a partir de 2025, por lo que las administraciones tendrán más margen para contratar empleados públicos para cubrir las jubilaciones. Lo ha confirmado el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Se levantará el límite para convocar plazas públicas

La tasa de reposición es un número que establece cuántas personas pueden acceder a un puesto de trabajo en la administración teniendo en cuenta el número de vacantes producidas el año anterior.

En la práctica, es un instrumento introducido por el Estado –y que se fija a través de los presupuestos generales– para limitar la contratación de personal fijo en el sector público.

Durante la crisis, este ratio fue muy restrictivo, sólo del 10%, y poco a poco se fue ampliando; este 2023 ha alcanzado el 110%, un 120% para sectores considerados «prioritarios», y un 125% para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y policías autonómicas y locales. Terminar con esta tasa significa poder convocar plazas públicas sin un límite prefijado.

La tasa de reposición ha ido subiendo en los últimos años

Según Escrivá, levantar este límite de empleados públicos ayudará a recuperar plantilla perdida durante la última década; en conjunto, es un 10% inferior que en 2008, antes de la crisis financiera.

El ministro apunta también a la necesidad de rejuvenecer la plantilla, teniendo en cuenta que el 60% de los empleados de la administración estatal se habrá jubilado en 10 años.

Los límites a la contratación también tuvieron el efecto colateral de disparar la interinidad, un fenómeno que las distintas administraciones se han comprometido a erradicar, empujadas por sentencias europeas.

«Es muy difícil defender esta tasa cuando necesitamos modernizarnos», ha dicho Escrivá, que quiere llegar a un acuerdo con los sindicatos para poner en marcha el nuevo sistema a partir de 2025. También deberá concertarse con todas las administraciones implicadas.