El fiscal general acusa al juez de conclusiones sin fundamento y solicita al Supremo archivar el proceso
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha interpuesto un recurso contra la resolución del juez Ángel Hurtado, quien propuso procesarlo por un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Según García Ortiz, los argumentos del magistrado son “ilógicos” y “voluntaristas”, por lo que pide al Tribunal Supremo que archive el procedimiento.
Argumentos jurídicos: falta de base penal y conclusiones erróneas
En un recurso de 74 páginas, la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, solicita la inadmisión del caso argumentando que los hechos no constituyen delito ni hay indicios sólidos que justifiquen su investigación.
Afirma que la versión judicial se apoya en conclusiones “patentemente erróneas” y en imputaciones sin respaldo fáctico, en particular por fundamentarse en una “inferencia temporal” basada en la hora en la que el fiscal general recibió cierta información y la hora de su publicación en los medios.
Acusaciones de presiones externas y diferencias en los documentos
Entre las críticas dirigidas al juez Hurtado, destaca la referencia a supuestas presiones del Gobierno, que se habrían canalizado a través de Pilar Sánchez Acera, ex asesora de Moncloa. La defensa subraya que el documento reenviado por Sánchez Acera al dirigente socialista Juan Lobato difiere del que poseía el fiscal general, lo que deslegitima la acusación.
Además, se señala que vincular la actuación del fiscal a un uso político o mediático de un documento público no cumple con los estándares de una imputación razonable.
La Fiscalía pide revocar el proceso de García Ortiz y acusa al Supremo de parcialidad
El informe de la UCO y los chats eliminados
Para la defensa, el proceso se basa únicamente en la mencionada inferencia temporal, en un informe de la UCO que omite noticias relevantes y en la eliminación de chats de WhatsApp y correos por parte del fiscal general. No obstante, aclaran que la eliminación no fue por capricho, sino por motivos ajenos al caso, y que tampoco pudo acceder a los datos eliminados para defenderse.
El origen real de la filtración: González Amador y su entorno
La defensa argumenta que la información que se dice revelada ya circulaba entre periodistas antes de que llegara a manos de García Ortiz. El contenido del correo del abogado Carlos Neira, enviado el 2 de febrero de 2024, ya habría sido compartido con medios como El Mundo, eldiario.es, La Sexta y la Cadena SER.
Incluso, se documenta que González Amador informó a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, sobre el estado del procedimiento y las negociaciones con la Fiscalía, mucho antes de la publicación en prensa.
Divulgación voluntaria y pérdida del derecho a confidencialidad
La defensa considera que, dado que el propio interesado compartió detalles del proceso, ya fuera directa o indirectamente, la información perdió su carácter reservado. Incluso si parte de esa información fuese inexacta o manipulada, quien la divulga de forma consciente no puede reclamar la protección legal de su confidencialidad.
No hay pruebas de filtración por parte del fiscal general
Insisten en que no existe una sola prueba documental de que el fiscal general haya compartido el correo o su contenido con terceros, ni que haya mantenido contacto alguno con periodistas la noche de los hechos.
Critican además que el juez Hurtado no haya valorado adecuadamente los argumentos de la defensa al rechazar el archivo de la causa, lo cual lleva a pensar que la decisión de procesar ya estaba tomada de antemano.
