El exministro Rodolfo Martín Villa, Investigado por la Muerte del antifranquista Teófilo Valle en 1976
La jueza del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda ha tomado una decisión notable al citar en calidad de investigado al exministro Rodolfo Martín Villa. La investigación se centra en el asesinato del antifranquista Teófilo del Valle, quien falleció en febrero de 1976 a manos de la Policía Armada. La noticia, adelantada por Eldiario.es, destaca la excepcionalidad de este hecho, ya que los tribunales españoles suelen abstenerse de investigar crímenes del franquismo, argumentando que están protegidos por la Ley de Amnistía de 1977.
Citación a un Exministro y un Agente Policial
Además de Martín Villa, la jueza también ha citado como investigado a Daniel Aroca del Rei, quien era agente de la Policía Armada en ese momento. A Aroca del Rei se le atribuye la autoría de los seis disparos por la espalda que acabaron con la vida de Teófilo del Valle, un trabajador de 20 años. Los hechos ocurrieron durante las movilizaciones del sector del calzado alicantino. Ambos investigados deberán declarar a mediados de noviembre, con la posibilidad de hacerlo de forma telemática desde los juzgados de Madrid y Albacete.
Antecedentes y la Querella Argentina
El exministro Martín Villa no es ajeno a este tipo de investigaciones. Desde hace años, la magistrada María Servini de Cubría lo investiga en el marco de la conocida Querella Argentina. En este proceso, se le imputan 12 crímenes contra disidentes políticos ocurridos entre 1976 y 1978. Durante este período, Martín Villa ocupó cargos de gran relevancia como Ministro de Relaciones Sindicales, Ministro de la Gobernación y Ministro del Interior en los años de la Transición.
El Asesinato de Teófilo del Valle: Un Grito de «¡A por Ellos!»
La querella por la muerte de Teófilo del Valle fue presentada por la Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo (parte de la coordinadora Ceaqua). El relato de los hechos es desgarrador: durante una protesta, un vehículo policial se detuvo y se escuchó el grito: «¡A por ellos!». Los agentes comenzaron a perseguir a los manifestantes con armas en mano. Teófilo del Valle intentó huir por las calles, pero en la confluencia de la calle San Roque con Juan de Austria, en Elda, fue abatido por la espalda. Era el 24 de febrero de 1976. Seis disparos, uno de ellos en la nuca, segaron la vida de este joven.
Teófilo del Valle fue la primera víctima mortal a manos de las fuerzas del orden público tras la toma de posesión de Juan Carlos I como Jefe de Estado. Organizaciones antifranquistas califican su muerte, y la de más de un centenar de personas en el mismo periodo, como «crímenes de lesa humanidad», fruto de la represión policial durante el proceso de transición.
El Desafío de la Ley de Memoria Democrática
La Ley de Memoria Democrática española, actualizada en 2022, establece la obligación de investigar todos los crímenes ocurridos desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, pasando por la Guerra Civil, la dictadura y hasta la aprobación de la Constitución española el 29 de diciembre de 1978. Sin embargo, a pesar de este nuevo marco legal, muchas de las querellas presentadas por víctimas del franquismo han sido desestimadas.
Casos como los del sindicalista Carles Vallejo y los hermanos Ferrandis no han prosperado, ya que los tribunales españoles, incluyendo el Tribunal Supremo y el Constitucional, insisten en que los crímenes están amparados por la Ley de Amnistía de 1977 o que son asesinatos prescritos. Argumentan también que en aquella época España no había firmado los tratados internacionales que reconocen los delitos de lesa humanidad.
Un Rayo de Esperanza: La Fiscalía de Barcelona Investiga Torturas
En este panorama desalentador, surge una iniciativa esperanzadora: la Fiscalía de Barcelona, en coordinación con la nueva Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha decidido investigar las torturas sufridas por la independentista Blanca Serra y su hermana Eva. Estos hechos ocurrieron en la comisaría de Vía Laietana de Barcelona, donde fueron detenidas en cuatro ocasiones entre 1977 y 1982. Al salir de la fiscalía, Blanca Serra exigió la «apertura de todos los archivos» para examinar y confirmar la represión a la disidencia.
