El decreto del catalán en las escuelas, con el que se quiere evitar el 25% de castellano
El Govern de la Generalitat ha aprobado este lunes el decreto ley del catalán en las escuelas, como respuesta al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, un día antes de que deba ejecutarse la sentencia que obliga a aplicar el 25% de castellano en las aulas.
El decreto pone el foco en la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, que deberá estar terminada antes de que comience el próximo curso. Según ha explicado la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, en un plazo de seis meses los proyectos que no se adecuen al nuevo decreto ley tendrán que ser modificados y validados por Educación.
A la espera de que este martes se remitan las instrucciones detalladas a todas las escuelas e institutos, el texto subraya, de entrada, que esta revisión debe tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística del alumnado y del entorno.
La norma rechaza los porcentajes y cualquier parámetro numérico en el uso de las lenguas en la enseñanza y establece que se prioricen los criterios pedagógicos, con el objetivo de mantener la inmersión lingüística.
Según el Govern, el decreto también quiere proteger a los docentes y los centros frente a la sentencia. Para ello, será el Departamento de Educación quien tendrá que validar los proyectos lingüísticos en un máximo de 30 días. Patrícia Plaja ha subrayado que se da «cobertura legal total»:
«El Departamento de Educación asume toda la responsabilidad sobre la legalidad de estos proyectos lingüísticos».
El decreto ley entrará en vigor este martes, después de que este lunes por la tarde ya se ha publicado en el DOGC. Ahora bien, su vigencia es de un mes y, para alargarla, será necesario que la avale el Parlament. Si esto no ocurre, el decreto quedará derogado. Al respecto, la portavoz ha dicho que «el Govern ya está trabajando en los posibles apoyos» y confían en que se podrá validar «sin problemas».
Al tratarse de un decreto ley, el TSJC no puede anularlo. Debería ser el Tribunal Constitucional quien resuelva su validez.
El decreto del catalán en las escuelas, con el que se quiere evitar el 25% de castellano
