El Tribunal Constitucional ha decidido cerrar definitivamente el ‘caso Bateragune’
El Tribunal Constitucional ha dado por concluido el caso Bateragune, y con esta decisión se cierra un capítulo que se prolonga durante más de catorce años. Los magistrados del tribunal han aprobado lo propuesto la semana pasada por el magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, en un borrador: el juicio por el caso Bateragune no se volverá a celebrar. Siete de los 11 magistrados del jurado han votado a favor de cerrar el caso, y cuatro en contra.
La mayoría Constitucional ha coincidido con lo que alegaba la defensa en el recurso de amparo: el principio non bis in idem prohíbe que una persona sea juzgada nuevamente por el mismo hecho. Según la Constitución, la repetición del juicio sería «excesiva». De hecho, cuando apelaron ante el Tribunal Supremo para hacer cumplir la decisión de 2018 en Estrasburgo, los cinco acusados no pidieron un nuevo juicio; incluso, estaban en contra de esa posibilidad.
Según los magistrados, cumplieron la pena de prisión y podrían existir otras alternativas para pagar las medidas de pena restantes. En el mismo sentido, según la mayoría constitucional, correspondía a los imputados decidir cuál era la reparación más «adecuada».
Ha habido un debate entre los jueces del Tribunal Constitucional. En la última sentencia, el Tribunal Constitucional ha coincidido con la sentencia del Tribunal Supremo de 2011 de anular las sanciones, y ha concluido que el caso ha sido juzgado.
Sin embargo, cuatro de los jueces que votaron a favor no estuvieron de acuerdo con ella, porque creen que con esta fórmula se pretende evitar la absolución de los condenados. Asimismo, otros tres jueces que votaron en contra de la decisión -Ricardo Enríquez, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, de la sección conservadora- creen que el Tribunal Constitucional no debería acoger el recurso de protección presentado en 2011 por el abogado Iñigo Iruin.
Tres de los imputados, Arnaldo Otegi, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez, celebraron la decisión. «Los enemigos de la paz pierden y el pueblo vasco gana», escribió el primero. «Así firmé la sentencia de diez años en la Audiencia Nacional», añadió mostrando el documento. El coordinador navarro de EH Bildu afirmó estar «orgulloso, feliz, tranquilo». «Querían impedir la apertura de una nueva era en el País Vasco y no lo consiguieron. Quisieron achicar el proyecto de independencia izquierdista y no lo consiguieron. Prolongaron la injusticia en el tiempo, pero no lograron destruirnos, ni la desesperación, ni el odio.’
Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu, también ha hecho un balance político: «Con nuestras detenciones, los enemigos de la paz intentaron impedir la apertura de una nueva era en nuestro país. Ellos fallaron. Incluso ahora intentan mantener esta ciudad anclada en el pasado. Fracasarán. Este país obtendrá paz y libertad».
Ha sido un pleito a gran escala. De hecho, incluso en el verano de 2020 parecía que todo había terminado para siempre. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dado al caso otros tres años para respirar, sin posibilidad de un nuevo juicio y desoyendo la petición de los acusados, reforzando sorprendentemente el argumento de la acusación.
