El BBVA obligado a devolver 1.000 euros a un cliente por una operación fraudulenta tras la reclamación de FACUA
FACUA ha conseguido que BBVA devuelva 1.000 euros a un cliente que fue víctima de una estafa a través de la técnica de smishing. Aunque el banco negó su responsabilidad, la reclamación ha hecho posible que le reembolsen el dinero que le sustrajeron en una compra online de criptomonedas desde Dublín.
El cliente de la entidad bancaria y también socio de Facua, residente en Alcalá de Guadaíra, Sevilla, vió un movimiento en su cuenta bancaria por el que le habían sustraido 1.000 euros en concepto de una compra electrónica de criptomonedas.
La operación con su tarjeta se realizó desde Irlanda sin su consentimiento. «Yo no sabía nada de lo que estaba pasando, entonces pedí al banco que bloqueasen todo hasta que aclarásemos el asunto», recuerda el afectado, que ordenó inmediatamente dar de baja su usuario en el portal del banco y bloquear la cuenta para evitar que siguieran intentando sustraerle más dinero.
Al día siguiente, Daniel interpuso una denuncia ante la Policía Nacional donde reafirmó que no conocía a los presuntos autores de la compra, ni cómo se hicieron con los datos de su tarjeta. Con la denuncia, se dirigió el 3 de diciembre a BBVA para reclamar el reintegro de la cantidad sustraída por el fallo del sistema de seguridad de la entidad bancaria.
El banco rechazó asumir responsabilidades
El BBVA rechazó la petición y le indicó que la compra se había realizado con un código de seguridad que se le había enviado. Tras varios intentos de que le ofrecieran más información sobre el suceso, la entidad no logró demostrarle que hubiera obrado con la debida diligencia para identificarle y validar la operación.
Al observar que la entidad bancaria alargaba los plazos de respuesta y en ningún caso asumía su responsabilidad ante el fraude por el que habían sorteado los sistemas de seguridad para robarle, el afectado decidió enviar a FACUA la documentación.
La asociación se dirigió a BBVA para exigirle que asumiera su responsabilidad por los fallos en el sistema de seguridad y verificación del titular de la tarjeta bancaria que permitieron que suplantaran la identidad del cliente e hicieran una compra electrónica de 1.000 euros a su cargo. FACUA señaló que el artículo 36 de la Ley de servicios de pago y otras medidas urgentes establece que las operaciones de pago «se considerarán autorizadas cuando el ordenante haya dado el consentimiento para su ejecución». La denuncia interpuesta por el socio de FACUA ante la Policía Nacional acreditaba que esta operación no estaba autorizada.
Rectificación tras la intervención del Banco de España
Un mes después, BBVA replicó a FACUA ratificando el rechazo a la solicitud de reintegro, e invitando a la asociación a acudir al Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España. Así se hizo. La asociación registró una denuncia ante el órgano regulador donde probaron que la entidad bancaria incumplió los parámetros de seguridad establecidos y se negaba a atender la reclamación de reintegro conforme a la Ley de Servicios de Pago.
Con las primeras indagaciones del Banco de España, BBVA notificó al Banco de España que, tras revisar el expediente, accedía a la pretensión del reclamante y ha ordenado el abono de los 1.000 euros le reclamaba desde diciembre de 2021.
