Detienen y ponen en libertad a las pocas horas a Saez de Egilaz y San Epifanio

Detienen y ponen en libertad a las pocas horas a Saez de Egilaz y San Epifanio

La Guardia Civil detuvo ayer por la mañana a los ex presos vascos Kai Sáez de Egilaz y Pipe San Epifanio acusados de “enaltecimiento del terrorismo” y humillar a las víctimas de terrorismo, según el Ministerio del Interior. Fueron detenidos durante varias horas en los cuarteles de Intxaurrondo (San Sebastián) y La Salve (Bilbao) hasta que ambos fueron puestos en libertad hacia el mediodía.

Las detenciones fueron ordenadas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 y forman parte del sumario que dio lugar a las detenciones en enero de 2020 de Antton López Ruiz Kubati, Oihana San Vicente, Haimar Altuna y Oihana Garmendia. De hecho, también fueron acusados ​​de «enaltecimiento del terrorismo y humillar a las víctimas» por organizar la recepción de los presos, y también fueron liberados pocas horas después de su detención.

Sáez de Egilaz es miembro del Comité Vasco de Presos de Sortu, donde anteriormente pasó 11 años en prisión. Fue detenido en 2003 en Akiz (Occitania) acusado de pertenencia a ETA, y en 2014, tras cumplir su condena, fue puesto en libertad y devuelto al País Vasco.

San Epifanio, mientras tanto, pasó 23 años en prisión, de 1994 a 2017. Fue miembro de la Unión Popular a finales de la década de 1980, así como miembro de la Junta Nacional de HB. Más tarde, sin embargo, escapó al estar siendo perseguido por la policía y fue detenido en Barcelona en 1994 acusado de ser miembro de ETA.

«Obstáculo» para la solución

Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu, se presentó en San Sebastián para dar su opinión sobre las detenciones. Según él, no es casualidad que ahora haya llegado el operativo judicial y policial, «cuando en Catalunya se han dado indultos a los líderes independentistas, y en el País Vasco en los últimos meses se han tomado medidas para respetar los derechos de los presos políticos vascos».

Al respecto, Rodríguez dijo que las detenciones revelaron que hay sectores muy poderosos en el estado que están trabajando «por parte de los jueces y otras cloacas del estado» para evitar soluciones democráticas a los conflictos políticos en Catalunya y el País Vasco.

Rodríguez también aclaró que las detenciones no son responsabilidad exclusiva de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, y destacó que «todo el que se pronuncia en contra de la acogida de presos políticos» ha «sembrado» las condiciones para operaciones como la de ayer: «Queremos responsabilizarlos ante todos estos medios y actores políticos para que no alimenten la agenda de los enemigos de la paz”.

EH Bildu, por su parte, denunció en las redes sociales que las detenciones tenían como objetivo «impedir que se siga construyendo un futuro sin presos políticos basado en la libertad y la igualdad». Refiriéndose a la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, Julen Arzuaga, miembro de EH Bildu, afirmó que «las estructuras estatales profundas» no apoyan que detengan y criminalicen a las personas”, dijo.

Actividades «legítimas y legales»

En cuanto a la sanción de la organización de la recepción de los presos, Rodríguez afirmó que el propósito de convertirlos en delitos es criminalizar «actividades políticas legítimas y legales», enfatizando que tales hechos tienen la «protección de la libertad de expresión».

De hecho, recordó que la semana pasada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español por violar su libertad de expresión con la pena de prisión impuesta a Tasio Erkizia, miembro de la izquierda nacionalista, en un discurso en honor a José Miguel Beñaran Ordeñana.

Sare también se pronunció en contra de castigar la organización de eventos de recepción: «La alegría de que la libertad de las personas que han cumplido su condena en su totalidad y en prisión extraordinaria no pueda convertirse en alegría incluso entre familiares y amigos puede convertirse en un delito».

La plataforma afirmó que la búsqueda del «equilibrio entre esta alegría y el respeto a las víctimas» es un ejercicio de «convivencia como pueblo», y agregó que eso es responsabilidad de todos los ciudadanos, «sin violar los derechos de nadie».

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