La huelga de letrados lleva su protesta a las puertas del Congreso
Desde hace doce días, decenas de juzgados están prácticamente parados por la huelga de los letrados de la administración de justicia (LAJ) que se realiza en todo el estado. Una protesta de cariz indefinido que comenzó el 24 de enero y que, si nada cambia, aún podría alargarse mucho más.
Los sindicatos de letrados convocantes de la protesta no confían en la reunión prevista para este miércoles por la mañana en Madrid entre el Ministerio de Justicia y los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas de España.
Según la portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), Patricia Gimeno, el ministerio no ha citado directamente a los sindicatos y «la resolución del conflicto debe pasar por el comité de huelga»:
«El ministerio niega los pactos de mejoras salariales alcanzadas en abril del 2022. Es una situación inaudita».
¿Qué son los letrados de la administración de justicia y por qué se quejan?
El cuerpo de letrados de la administración de justicia que existe en todo el estado es de 3.800 personas. A la hora de ver cuál es el seguimiento de la huelga hay disparidad de datos.
Mientras el Ministerio de Justicia fija el seguimiento de la huelga entre un 20 y un 30% de la plantilla en función del día, los sindicatos convocantes elevan esa cifra en torno al 80%.
Los letrados de la administración de justicia -antes llamados secretarios judiciales- son funcionarios públicos, un cuerpo superior de índole jurídica. Son una pieza clave para que un juzgado funcione correctamente: se encarga de la dirección y organización.
Al letrado le corresponden diversas funciones, como por ejemplo, la de fedatario público, la resolución de cuestiones procesales no reservadas a los jueces, la tramitación de procedimientos, la gestión de las consignaciones y fianzas ingresadas en la cuenta del juzgado. Los sindicatos de letrados aseguran que, desde 2009, el colectivo ha asumido nuevas funciones, hasta entonces atribuidas a los jueces, que nunca se han reflejado en un aumento de sueldo.
Suspensiones y cancelaciones de juicios, vistas o comparecencias; la paralización de procedimientos judiciales y la no admisión de nuevas demandas son algunas de las consecuencias de la huelga de los letrados de la administración de justicia. Aquí, una vez más hay disparidad de datos entre los que da el Poder Judicial (CGPJ) y los que dan los sindicatos.
¿Cuáles son los ámbitos judiciales en los que más se nota la huelga de los LAJ?
Los juzgados de familia son uno de los más afectados. Esto supone «un retraso entre cinco y seis meses para que el caso se vuelva a señalar». Un retraso que cada día que pasa, según los jueces, se va haciendo cada vez mayor y que afecta a las familias que están con algún trámite en el juzgado.
¿Qué supone en la práctica? En algunos de los casos afectados, como por ejemplo los de divorcio, al no poder oficializar la separación de las dos personas, los afectados no pueden acudir al banco para realizar la separación de las cuentas y queda pendiente el régimen de custodia de los hijos.
