Comienza el macro juicio a 28 ultras que agredieron a manifestantes el 9 de octubre de 2017 en València
Este lunes se sientan en el banquillo de los acusados 28 ultras por las agresiones durante la manifestación del 9 de Octubre de 2017, la Diada del País Valencià. La mayoría de los acusados están vinculados a grupos de ultraderecha y se enfrentan a penas de entre tres y once años de prisión. En la vista podría formalizarse un acuerdo entre las partes, que evitaría el juicio.
Los hechos ocurrieron en el centro de la ciudad, durante la tradicional manifestación del 9 de Octubre, convocada por la Comissió 9 d’Octubre, una plataforma en defensa de la libertad y de la lengua formada por entidades culturales, sindicatos y partidos políticos. Grupos vinculados a la ultraderecha agredieron a periodistas y manifestantes, que se habían concentrado bajo el lema «Sí al valencià».
Algunos de los investigados accedieron por la tarde a la plaza de Sant Agustí de València, tradicional lugar de inicio de esta marcha reivindicativa en favor del valenciano, aparentemente organizados, coreando cánticos y gritos y, en algunos casos, haciendo el saludo fascista, según se refleja en el auto de procesamiento.
Entre ellos, también figura un locutor de televisión y radio que en los días previos publicó diferentes mensajes en las redes sociales donde llamaba para impedir la manifestación convocada por varios partidos políticos, sindicatos y asociaciones.
«Su propósito no era otro que el de hostigar y enfrentarse a quienes fueran a la manifestación convocada por la Comissió 9 d’Octubre, y dificultar e impedir, incluso mediante el empleo de violencia, la celebración de ésta manifestación», todo ello «por su radical discrepancia ideológica con los convocantes de la manifestación y su hostilidad a lo que representan», tal y como relata el instructor en el auto.
¿Quiénes son los agresores?
Los 28 acusados, 15 de los cuales miembros de grupos de ultraderecha, como Ultras Yomus (grupo ultra del Valencia Club de Fútbol) y Curva Nord, se enfrentan a penas de entre tres y once años de cárcel por delitos de amenazas, coacciones, desórdenes públicos y lesiones con agravante de discriminación ideológica.
Un posible acuerdo
El juicio comienza previa vista que se ha convocado ante un posible acuerdo entre las partes.
Si este pacto no se formaliza, es posible que deban programarse nuevas fechas para las diferentes sesiones del juicio, que podría ser largo, teniendo en cuenta que hay 28 acusados que se enfrentan a penas de prisión importantes.
