Carta a los expresidentes (incluído Aznar) sobre el arresto de Álvaro Uribe
El 21 de agosto de 2020, José Miguel Vivanco Inostroza, abogado defensor de los derechos humanos y director de la División de las Américas de Human Rights Watch, envió una carta a 21 expresidentes de España y países de América Latina.
Esos presidentes habían firmado un comunicado el 10 de agosto de 2020 de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) criticando el arresto domiciliario previo al juicio del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez.
Los expresidentes que firmaron dicho comunicado son:
José María Aznar, Óscar Arias, Nicolás Ardito Barletta, Enrique Bolaños, Felipe Calderón, Rafael Ángel Calderón, Alfredo Cristiani, Vicente Fox, Lucio E. Gutiérrez, Osvaldo Hurtado, Luis Alberto Lacalle, Mauricio Macri, Jamil Mahuad W., Ricardo Martinelli, Mireya Moscoso, Gustavo Noboa Bejarano, Andrés Pastrana, Ernesto Pérez Balladares, Jorge Tuto Quiroga, Miguel Ángel Rodríguez y Juan Carlos Wasmosy.
La carta dice así:
Estimado expresidente, le escribo para expresar mi sorpresa y consternación por la reciente declaración de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que usted firmó, criticando la causa de la instrucción en el arresto del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez.
La declaración contiene numerosos errores fácticos y legales que alimentan una campaña para socavar la independencia del poder judicial en Colombia.
En primer lugar, el comunicado indica que el expresidente Uribe fue detenido “en relación con una controversia política que involucró a otro senador de Colombia, que ha sido llevada a los tribunales”.
Esta afirmación es imprecisa. El expresidente Uribe fue detenido como parte de una investigación judicial por los delitos de “cohecho de testigos” y “fraude procesal” en el contexto de una presunta manipulación de testigos.
Esta no es una controversia política.
Es importante destacar que el caso se inició después de que el expresidente Uribe interpusiera una denuncia penal contra el senador Iván Cepeda, alegando que había recibido y utilizado testimonios “fraudulentos” para implicar a Uribe y a su hermano Santiago en las atrocidades cometidas por grupos paramilitares en la década de los noventa.
En 2018, después de seis años de investigación, la Corte Suprema rechazó las acusaciones de Uribe contra Cepeda, considerándolas infundadas, y en su lugar inició una investigación sobre si Uribe había manipulado a los testigos presionándolos para que dijeran que Cepeda los había sobornado para implicar al primero.
En segundo lugar, el comunicado que usted firmó señala que ex miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), actualmente partido político, “celebran como un logro” el arresto domiciliario del expresidente Uribe.
Es cierto que exmiembros de las FARC celebraron el fallo judicial. De la misma forma, gran parte de la sociedad colombiana ha expresado su apoyo a la decisión. Toda decisión judicial tiene partidarios y detractores.
Sin embargo, el papel de los tribunales es decidir sobre la base de las pruebas y la ley.
La declaración que usted firmó se centra en una supuesta ideologización de la justicia de manera vaga e infundada, aparentemente sin haber revisado siquiera el análisis legal del caso por parte del tribunal.
El expresidente Uribe cuenta con valiosos recursos judiciales a su disposición frente a esta decisión pero hasta el momento ha decidido no interponerlos, dando la impresión de que cree que tiene más posibilidades de lograr sus objetivos mediante la presión política y la intimidación que defendiéndose a través de la vía judicial.
En tercer lugar, la declaración de IDEA compara el fallo de la corte sobre el expresidente Uribe con la decisión de la Corte Suprema de ordenar la liberación de “Jesús Santrich”, un excomandante de las FARC que tiene una solicitud de extradición pendiente de Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y ha formado una nuevo grupo armado.
Comparto plenamente su preocupación por el papel de Jesús Santrich en los delitos graves y espero que las autoridades colombianas lo arresten y lo hagan responsable de inmediato.
Sin embargo, la comparación del caso Santrich con el caso de Uribe no está bien fundada.
Santrich fue puesto en libertad porque había sido investigado y detenido por una entidad sin jurisdicción legal sobre el caso.
Por otro lado, el expresidente Uribe está siendo investigado por la entidad competente de acuerdo a su condición de senador (es decir, la Corte Suprema de Justicia), y la decisión de ponerlo bajo arresto domiciliario se basa en evidencias de que pudo interferir en el proceso judicial actualmente en curso, una valoración que el expresidente no ha cuestionado a través de los canales legales que le ofrece la legislación colombiana.
Además, otro fallo en la declaración que firmó es que da la falsa impresión de que ambas sentencias fueron emitidas por la misma entidad, cuando en realidad fueron hechas por dos cámaras independientes con composiciones completamente diferentes.
En cuarto lugar, la declaración que usted firmó cita al presidente Iván Duque, quien afirmó que:
“Una persona que ha tenido el honor de presidir este país debe poder defenderse en libertad”.
Sin embargo, de acuerdo con la normativa colombiana actualmente vigente, los expresidentes no gozan de tal prerrogativa o inmunidad.
Según la legislación colombiana, cualquier expresidente, como cualquier otro ciudadano, puede ser sometido a prisión preventiva cuando dicha medida sea necesaria para asegurar su comparecencia en un proceso penal o para preservar pruebas.
Como saben, el principio de igualdad ante la ley es una piedra angular del estado de derecho en una sociedad democrática.
Finalmente, la declaración que firmó no ayuda a fortalecer el estado de derecho en Colombia.
Por el contrario, alienta los continuos ataques del expresidente Uribe y su partido político contra la independencia judicial en el país.
Tras el anuncio de la decisión de la Corte Suprema, Uribe y sus aliados en el Congreso han revivido una propuesta de reforma constitucional para modificar el funcionamiento de las altas cortes del país.
Específicamente, los legisladores proponen unificar todos los tribunales superiores en un solo tribunal, una medida que podría plantear enormes riesgos para la independencia judicial.
Este es un intento descarado de intimidar a la Corte Suprema con la amenaza de una reforma judicial, una maniobra que algunos gobiernos de la región también han utilizado en el pasado.
De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, Colombia necesita proteger la independencia e imparcialidad del sistema judicial.
Los jueces deben estar libres de limitaciones, presiones, amenazas o interferencias, directas o indirectas, y deben tener seguridad en el cargo para no temer ser destituidos de sus cargos por sus decisiones.
En los últimos años, la polarización política ha creado un entorno en el que la manipulación de la información se ha utilizado para dañar el estado de derecho y sus instituciones.
Espero que tenga en cuenta esta carta y reconsidere su apoyo a la declaración de IDEA.
Carta a los expresidentes (incluído Aznar) sobre el arresto de Álvaro Uribe
