Barcelona inspecciona las viviendas protegidas para garantizar un buen uso
En diciembre de 2017 el Ayuntamiento puso en marcha el Plan de inspecciones de viviendas de protección oficial para investigar y sancionar a las personas propietarias que no utilizan la vivienda de protección oficial (VPO) como residencia habitual y permanente o que la han alquilado sin pedir autorización, con el objetivo de garantizar la función social de estos pisos.
La competencia de vivienda, la capacidad de inspeccionar el mal uso del parque público protegido es de la Generalitat de Catalunya, sin embargo, el consistorio pidió a la Generalitat la lista de viviendas protegidas de la ciudad y la competencia para investigarlos y sancionarlos.
Rebaja de sanciones a cambio de un alquiler asequible
La inspección se ha centrado en los pisos que pierden la calificación en los próximos años. Hasta el momento se han inspeccionado 2.679 viviendas.
De estas inspecciones, en 358 se ha detectado un mal uso, porque están vacíos o porque están alquilados sin autorización y por encima del precio establecido.
En total, se han iniciado 60 expedientes sancionadores, que se encuentran en fase de tramitación. Hoy por hoy se han cobrado hasta doce multas, de entre 4.000 y 45.000 euros, por mal uso de la vivienda protegida.
Como se trata de una infracción muy grave, las sanciones que prevé la ley del derecho a la vivienda pueden ir de los 90.000 a los 900.000 euros. El importe de la sanción se reduce si las personas propietarias vuelven a dar un buen uso a la vivienda, como incluirlo en la bolsa de alquiler asequible o alquilarlo al precio que fija la ley.
Por lo tanto, la inspección ha permitido incorporar 6 pisos en la bolsa de vivienda de alquiler asequible de la ciudad, y 11 pisos que ya estaban alquilados pasarán a tener un precio protegido por la ley. Las viviendas se encuentran en los barrios de la Barceloneta, el Clot, Poble Sec y Vallbona, entre otros.
El consistorio reclama a la Generalitat que hay que proteger de manera permanente el escaso parque público de vivienda de la ciudad para evitar que estos pisos pierdan la protección y se puedan vender a un precio muy superior al que pagaron las personas adjudicatarias.
Barcelona inspecciona las viviendas protegidas para garantizar un buen uso
