Ayuntamientos y vecinos podrán tramitar desalojos en Cataluña con ocupaciones conflictivas
El Govern de la Generalitat prepara una doble reforma legal que permita a las comunidades de vecinos y a los ayuntamientos pedir el desalojo de un inmueble con una ocupación conflictiva, cuando altere gravemente la convivencia, genere alarma social o se realicen actividades ilícitas.
La reforma legal anunciada este miércoles la han impulsado dos consejerías, la de Justicia y la de Derechos Sociales, y comportará cambios tanto en el Código Civil como en la Ley de la Vivienda para combatir las ocupaciones conflictivas de fincas de bancos, fondos de inversión, la Sareb o grandes inmobiliarias cuando los propietarios no actúen por iniciativa propia.
Modificaciones en el Código Civil catalán
La reforma que prepara el Departamento de Justicia comporta modificar el libro V del Código Civil catalán relativo a los derechos reales en el apartado de propiedad horizontal, para que los ayuntamientos y comunidades de vecinos puedan instar al desalojo de una finca ocupada cuando el propietario no lo haga.
Estarán facultados legalmente para ello cuando esta ocupación provoque «una grave alteración de la paz social», para poder «restituir la convivencia» de la vecindad.
El proceso será el siguiente: cuando el Ayuntamiento detecte que una finca ocupada genera problemas de convivencia y orden público deberá pedir al propietario que inicie la acción judicial de desempleo del inmueble.
Si pasado un mes la propiedad no ha presentado ninguna petición al tribunal competente, podrá hacerlo el Ayuntamiento de forma inmediata.
El gobierno también modificará el artículo 553-40 del Código Civil para autorizar a las comunidades de propietarios a actuar, siguiendo el mismo procedimiento.
La consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha añadido que también instarán a los tribunales de justicia y la Fiscalía de Cataluña para que acorten al máximo los plazos, si es necesario con un nuevo protocolo, para acelerar los desalojos de este tipo de ocupaciones, «que son un grave problema social».
«Son ocupaciones que a menudo hacen la vida imposible a sus vecinos y provocan un sentimiento de impotencia en muchos de nuestros ayuntamientos y alcaldes, porque no tienen herramientas para restablecer la convivencia en sus municipios».
Modificaciones en la ley de la Vivienda
El Departamento de Derechos Sociales, por su parte, ha propuesto cambiar algunos artículos de la ley de la vivienda por considerar «utilización anómala» las ocupaciones conflictivas «que generen alteración de la convivencia o el orden público», provoquen «alarma social » o donde se lleven a cabo «actividades ilícitas», y poder multar a los propietarios que no actúen para erradicarlas.
Cuando haya situaciones de este tipo se instará al propietario a actuar y, si no lo hace, se le sancionará, como ha explicado la consejera Violant Cervera.
La medida está pensada para obligar a actuar a las entidades financieras, inmobiliarias o grandes tenedores «que no se ocupan de las propiedades que tienen», ha dicho la consejera:
«Se podrá iniciar un procedimiento sancionador y la inactividad de los propietarios ante las situaciones de ocupación que generen alarma social y alteren gravemente la convivencia serán consideradas como infracciones graves».
Si después de haber avisado al propietario y de haberle impuesto multas y sanciones sigue sin actuar, se les podrá obligar a ceder el uso de la vivienda a la administración para destinarla a alquiler social.
Este lunes, el Govern ha pedido al Estado que ceda los pisos de la Sareb a la Generalitat, para poder destinarlos a alquiler social y reducir el déficit de vivienda pública.
La Generalitat estima que Sareb –la sociedad creada en el 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca– dispone de más de 12.000 viviendas en Catalunya.
