El Ayuntamiento de Barcelona denuncia por un delito de odio a un guardia civil, un comisario de policía, un jurista y un psicólogo
El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Oficina por la No Discriminación, ha presentado un escrito a la fiscalía para denunciar por un delito de odio a los autores de un mensaje, difundido por redes sociales, donde se explica que la Guardia Civil ha detectado la presencia de 1.600 personas empadronadas magrebíes, residentes en Marruecos, empadronadas fraudulentamente en un domicilio en el que sólo vivían 5 personas, para cobrar ayudas sociales, y votar por correo en las elecciones municipales.
El mensaje literal es el siguiente:
“Nuevo escándalo de la alcaldesa de Barcelona y su equipo de gobierno. Hace pocos días la Guardia Civil entró en un piso de la zona de Horta-Guinardó porque en ese piso figuraban 1.600 empadronados de origen magrebí, 1.600 empadronados en un solo piso!!!
Al entrar en el piso la Guardia Civil se encontró con que sólo vivían cinco individuos, los 1.595 vivían en Marruecos pero al estar empadronados en Barcelona cobraban todas las ayudas que da el ayuntamiento y además pueden votar por correo en las próximas elecciones municipales.
Este piso solo es uno de los muchos más que seguramente habrá. De esta noticia no se ha hecho eco ningún medio, se ha tapado el escándalo. Si Colau gana las próximas elecciones municipales ya podrá empezar a pensar de dónde vienen los votos. Barcelona y Cataluña se está ahogando en una cloaca de corrupción y los ciudadanos estamos totalmente indefensos.”
El escrito presentado en la fiscalía explica que el consistorio ha podido comprobar que el mensaje ha sido ampliamente difundido en las redes sociales por whatsapp, twitter y otros, “obteniendo decenas de miles de visualizaciones y tantas otras comparticiones, obteniendo una notoria publicidad”.
Del análisis realizado, se ha concluido que “aparte del indudable contenido calumnioso hacia la alcaldesa de Barcelona, representa una incitación al odio, el rencor y la animadversión hacia la comunidad magrebí de Marruecos por razón de su origen, atribuyéndoles de forma directa y masiva la comisión de una estafa que afecta al conjunto de la ciudadanía, para empadronarse en la ciudad, a pesar de no residir en ella, y así obtener los beneficios administrativos vinculados a el empadronamiento, cobrar ayudas, y así también votar fraudulentamente por correo en las elecciones”.
El informe jurídico apunta que los autores, «entre los que se encuentran juristas, psicólogos, guardias civiles o inspectores de policía», eran conocedores «de la absoluta falsedad del mensaje por su total inversimilitud, no acompañada de ninguna noticia ni referencia periodística que permitiera atribuir credibilidad a ésta, sino que se amparaban en un nocivo y estigmatizando ‘bulo’ respecto al que los magrebíes se empadronan de forma fraudulenta en domicilios para obtener ayudas económicas”.
El escrito en fiscalía identifica cuatro cuentas de twitter que se han hecho eco del texto, detrás de ellas, entre otros, un agente de la Guardia Civil y un inspector de policía.
La denuncia concluye que “estos hechos no pueden estar amparados en el derecho a la libertad de expresión, dado que de forma clara y explícita suponen un desprecio y una humillación para la comunidad magrebí y de marruecos, e incluyen mensajes discriminatorios y que promueven la violencia también entre el colectivo de personas extranjeras”.
Por ello, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de odio del artículo 510 del Código Penal, que impone penas de prisión de uno a cuatro años y multas de seis a doce meses.