Altsasu mira hacia Estrasburgo, cuatro años después de las detenciones
14 de noviembre de 2016. Han pasado cuatro años desde que el futuro de Altsasu (Navarra) se puso patas arriba.
La Guardia Civil arrestó a siete de los ocho jóvenes en el caso Alsasua ese día en relación con los disturbios en el bar Koxka un mes antes acusándolos de cargos de terrorismo.
Cuatro años después, seis de los jóvenes están en tercer grado, Altsasun; los otros dos están todavía en segundo grado, en la cárcel de Zaballa (Álava).
Han anunciado que pronto presentarán un recurso de apelación contra la sentencia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El sábado realizaron una ceremonia para denunciar y recordar la “injusticia” que han sufrido durante estos cuatro años. Han colocado una escultura móvil en la Plaza de los Fueros, que se trasladará de pueblo en pueblo.
En la mañana del 14 de noviembre de 2016, la Guardia Civil detuvo a Oihan Arnanz, Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Aratz Urrizola, Iñaki Abad y Ainara Urkijo.
Adur Ramírez de Alda fue detenido unos días después tras presentarse en la Audiencia Nacional.
Así lo dijo Antxon Ramirez de Alda, padre de Adur Ramirez de Alda:
“Fue una operación policial excesiva, que fue la base de operaciones pasadas, que pretendía criminalizar a Altsasu, y sobre todo, criminalizar a la juventud. Desafortunadamente, fue solo el comienzo de una larga tontería”.
Tras las detenciones y encarcelamientos, Ramírez de Alda, Unamuno y Arnanz pasaron tres años y medio en prisión.
Obtuvieron su tercer grado en julio de este año, pero su sentencia no se terminará hasta mayo de 2024. Urrizola y Abad están en tercer grado desde diciembre del año pasado. La sentencia de Urrizola terminará en julio de 2022 y la de Abadena en octubre de 2021.
A Cobi y Goikoetxea se les ha negado un tercer grado, dijo Ramírez de Alda. Sus familiares han presentado recurso de apelación contra la decisión.
Esperanzado
Los jóvenes de Alsasua y sus padres ya han agotado todas las gestiones que podrían haber dado en la justicia española.
La Audiencia Nacional impuso las primeras sentencias en 2018, y en 2019, el Tribunal Supremo redujo las sentencias. La defensa, después de interponer recursos en ambos tribunales, lo resolvió en el Tribunal Constitucional, pero también lo desestimó.
Como resultado, cuando se agote la oportunidad, irán a Estrasburgo: interpondrán un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Reconocieron que la decisión había sido «difícil» porque, a pesar de la «esperanza», pensaron que el proceso sería «complejo». “Somos optimistas, pero sabemos que el camino no será fácil. Sin embargo, exigiremos lo que hemos hecho hasta ahora: justicia garantizada y respeto a los derechos humanos».
Altsasu mira hacia Estrasburgo, cuatro años después de las detenciones
