PSOE y PP acuerdan el reparto de menores no acompañados, con la amenaza de la ultraderecha
El gobierno ha ido este miércoles por la tarde a Tenerife con la intención de esclarecer el futuro del reparto de menores no acompañados que han llegado al archipiélago atlántico en los últimos meses. Actualmente, hay 5.600 menores de edad en unas islas que a lo sumo tienen recursos para atender a unos 2.000, aseguran las instituciones insulares.
Así, la cumbre entre comunidades autónomas debía resolver, de nuevo, la predisposición de los territorios a acoger a estos adolescentes y jóvenes llegados en patera a tierras españolas. Asimismo, los ejecutivos territoriales esperaban conocer las condiciones que ponía el gobierno sobre la mesa para que la acogida fuera justamente distribuida y acompañada de recursos, después de que hasta ahora no haya habido un mecanismo claro que lo regule.
Resultado incierto
Las comunidades gobernadas por el PP han votado a favor de la propuesta del gobierno que marca el reparto de 347 menores de edad de forma voluntaria -la cifra inicial que lleva semanas pendiente de esclarecer- pero no se han pronunciado sobre el acogida obligatoria.
Así pues, el asunto no tiene todavía una solución definitiva para la estrategia conjunta de los gobiernos populares y que ya había adelantado a Alberto Núñez Feijóo. La ultraderecha de Vox ya ha amenazado con romper los gobiernos autonómicos con el PP tras el resultado del encuentro.
Por su parte, Catalunya se ha abstenido tanto en la carpeta voluntaria como en la obligatoria aunque tendrá que acoger a 31 de estos migrantes. El Gobierno asegura que en los últimos años ha acogido una cifra de menores muy por encima de la que reconoce al ejecutivo estatal, mientras que también pide más financiación.
Nuevo mecanismo vinculante
El equipo de gobierno del PSOE y Sumar tenía claro que el encuentro no iba sólo de pactar el traslado de 347 menores de edad de forma voluntaria -la cifra inicial que lleva semanas pendiente de esclarecer- sino que la gran carpeta en tratar es la que tiene que ver con un acuerdo de futuro más estable.
De hecho, el objetivo de la cita era amortiguar algunas reticencias de territorios que no ven clara la reforma legal que plantea el gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de un cambio en la ley de extranjería que fijaría un nuevo mecanismo que sería vinculante -y no voluntario- a la hora de establecer cuándo y cómo se repartirían en todo el Estado los migrantes que sobrepasen las capacidades de una comunidad autónoma.
Sin embargo, el caso es que esta reforma legal debe pasar por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Allí hace semanas que hay contactos políticos para trabajar el cambio de norma, pero todavía no existe consenso.
