Begoña Gómez recurre a precedentes de otras primeras damas para defender a su asesora

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial ante el juez con el objetivo de respaldar la labor de su asesora, investigada en el marco de la causa judicial. El documento sostiene que no existe una regulación específica sobre las funciones del cónyuge del presidente del Gobierno, lo que obliga a recurrir a la práctica habitual seguida durante décadas.

Ejemplos de anteriores gobiernos

Para reforzar su argumento, el informe recoge distintos precedentes de etapas anteriores. Entre ellos, menciona la organización de la boda de la hija de José María Aznar, el uso de asistentes para el cuidado del padre de Mariano Rajoy o el acompañamiento a la esposa de José Luis Rodríguez Zapatero durante sus conciertos en el extranjero.

Según la defensa, estos casos reflejan que el apoyo institucional y logístico a las parejas de los presidentes ha sido una práctica habitual, incluso en actividades de carácter privado.

Una figura sin regulación pero con funciones públicas

El informe, elaborado por un catedrático de Derecho Administrativo, subraya que el papel del cónyuge del presidente no está recogido en ninguna norma escrita, aunque sí implica responsabilidades de representación y apoyo institucional.

En este contexto, se considera lógico que exista personal de asistencia que colabore tanto en tareas públicas como privadas, ya que estas funciones conllevan exigencias de organización, seguridad y logística.

Respuesta a las acusaciones judiciales

La estrategia de la defensa busca desmontar las acusaciones que apuntan a posibles irregularidades, como la malversación, al argumentar que el trabajo de la asesora no difiere de lo que ya se hacía en gobiernos anteriores.

De este modo, se intenta demostrar que las actuaciones investigadas forman parte de una dinámica consolidada dentro del funcionamiento institucional en España.

Un caso con fuerte impacto político

La investigación ha generado un intenso debate político y mediático, al afectar directamente al entorno del presidente del Gobierno. Mientras continúa el proceso judicial, la defensa insiste en que no se puede considerar irregular una práctica que ha sido constante durante décadas.