Golpe policial al transporte clandestino en el Aeropuerto de Barcelona
La llegada al Aeropuerto de Barcelona-El Prat continúa acompañada, para muchos pasajeros, de ofertas improvisadas de traslado nada más salir de la terminal. Aunque pueda parecer una situación aislada, las autoridades señalan que se trata de una red organizada de transporte ilegal que actúa de manera constante en el entorno aeroportuario.
Para hacer frente a este fenómeno, los Mossos d’Esquadra han intensificado los controles diarios y este viernes han desplegado un operativo conjunto junto a Inspecció de Treball y la Policía Nacional, con el objetivo de abordar el problema desde una perspectiva policial, laboral y administrativa.
Resultados del operativo y detección de irregularidades
La actuación coordinada ha arrojado datos significativos. Durante la jornada se identificaron once conductores, cinco de ellos en situación administrativa irregular, y se iniciaron expedientes tanto por infracciones de extranjería como por incumplimientos laborales. Además, un conductor quedó bajo investigación y un vehículo fue inmovilizado al carecer de la autorización exigida para el transporte de pasajeros.
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Servicios aparentemente legales que operan fuera de la ley
Las investigaciones apuntan a la existencia de una red discreta de traslados no autorizados, en muchos casos vinculada a plataformas digitales relacionadas con alojamientos turísticos. El cliente contrata el servicio por internet creyendo que se trata de una actividad legal, pero finalmente el traslado es realizado por empresas subcontratadas que incumplen la normativa vigente.
Este modelo permite abaratar costes recurriendo a conductores sin licencia, sin contrato o en condiciones laborales precarias, lo que genera una competencia desleal frente a taxis y VTC que sí cumplen la regulación y asumen los costes asociados a operar legalmente en el aeropuerto.
Precariedad y explotación laboral al volante
El control de las condiciones de trabajo ha sido uno de los pilares del operativo. Los inspectores revisaron altas en la Seguridad Social, identidad del empleador y jornadas reales, detectando en numerosos casos contratos inexistentes o alterados, con horarios que superaban ampliamente los declarados.
Las empresas implicadas se enfrentan a sanciones que superan los 10.000 euros por cada trabajador irregular, aunque los agentes subrayan que los propios conductores suelen ser las principales víctimas del sistema. Algunos llegan a realizar jornadas de hasta doce horas diarias por salarios mínimos, complementados con comisiones internas que premian los precios más bajos, alimentando una dinámica constante de precarización.
Impacto en la seguridad del pasajero y refuerzo policial
Desde los Mossos se advierte que muchos usuarios desconocen quién presta realmente el servicio y bajo qué garantías, una situación que afecta tanto a la seguridad del viajero como al equilibrio del sector. La Policía Nacional ha tenido un papel destacado en el dispositivo debido a la presencia de conductores extranjeros en situación irregular, lo que derivó en varias detenciones a lo largo del día.
Paralelamente, los agentes de Tráfico han reforzado la vigilancia sobre los vehículos que operan en el recinto aeroportuario. Recoger pasajeros sin autorización implica una multa de 4.001 euros y la inmovilización inmediata del vehículo, que permanece retenido hasta el pago de la sanción. Esta presión ha llevado a establecer una presencia policial permanente de los Mossos en El Prat, con el fin de mantener un control continuo.
El pasajero, un afectado involuntario
Cuando se detecta un traslado ilegal y el servicio queda anulado, los Mossos recuerdan que el viajero es un perjudicado colateral. En estos casos, los agentes facilitan el acceso a taxis y transportes legales, evitando que el usuario quede sin opciones.
La estrategia se centra en controles constantes en los accesos por carretera, considerados puntos clave para identificar vehículos sospechosos. En lo que va de año se han realizado centenares de inspecciones, constatando además que muchos de estos conductores operan también en zonas turísticas fuera del área metropolitana. Esta expansión ha llevado a los Mossos a reclamar mayor coordinación con las policías locales para frenar una actividad que ya no se limita únicamente al entorno del aeropuerto.
