56 detenidos en Catalunya de una importante red de producción de marihuana
Agentes de la Policía de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal, conjuntamente con funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desmantelado una de las mayores redes criminales dedicada a la producción de marihuana establecida en todas partes de Cataluña y han detenido a 56 personas, entre 19 y 58 años, a las que se les atribuyen delitos contra la salud pública, en la vertiente de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.
El pasado 24 de mayo, un operativo conjunto y coordinado entre los dos cuerpos policiales, que se llevó a cabo en varios municipios de Cataluña, finalizó con la desarticulación de esta organización criminal y la detención de 56 personas, entre ellas jefes de la organización. También se realizaron 37 registros y se desmantelaron 24 plantaciones e intervinieron más de 22.600 plantas y 166 kilogramos de cogollos preparados para la venta.
Durante el operativo los agentes localizaron un total de 225.765 euros en efectivo, una escopeta, un revólver con munición real, una pistola de aire comprimido y distintas armas blancas. Una vez desmanteladas las plantaciones, los inmuebles recuperados se irán devolviendo a sus propietarios a medida que la autoridad judicial así lo determine. La instalación de todos los sistemas de iluminación y riego dañaron gravemente su estado de conservación, ya que en muchos casos se habían hecho modificaciones para adaptar las plantaciones a las estancias, tirando paredes al suelo, haciendo agujeros en puertas, ventanas o techos y estropeando las instalaciones eléctricas, entre otras intervenciones.
El perfil de los detenidos es el de un hombre de menos de 35 años, extranjero y sin municipio de residencia, ni antecedente policial alguno respecto a los Mossos d’Esquadra. Cerca del 90% de los detenidos carecía de antecedentes policiales. Trece de los 56 arrestados ingresaron en prisión tras pasar a disposición judicial. Según los investigadores, formarían parte del núcleo de la cúpula que tomaba las decisiones más estratégicas.
El volumen del negocio de los productores de marihuana
Los investigadores del Laboratorio de Química Forense de la División de Policía científica, que analizan las diferentes muestras de marihuana intervenidas en operativos policiales para extraer el porcentaje del principio activo THC, estiman que, en condiciones normales como las que se reproducen en las plantaciones desmanteladas por cada 500 plantas en fase de floración avanzada se obtienen en promedio unos 10 kg de marihuana seca y apta para la venta.
Desde que esta investigación se puso en marcha, aproximadamente en el mes de mayo de 2021, la organización criminal habría tenido tiempo de realizar tres plantaciones con sus posteriores cosechas.
Atendiendo a este hecho, y dado que se intervinieron 22.600 plantas en un estadio previo a la floración, los analistas suponen que, en condiciones normales, la organización habría tenido la capacidad para producir unos 1.275 kg anuales de marihuana, que supondrían un precio de venta al por mayor de unos 3’1 millones de euros.
Una vez transportada a países del norte de Europa, su precio de venta al por menor se multiplica por 3 o 4. Esto conlleva un aumento de sus beneficios hasta un tenedor de entre 9 y 12 millones de euros, con el consecuente aumento de rentabilidad que comporta su venta en el mercado extranjero.
Estudio del fraude de fluido eléctrico
En este dispositivo también participaron un total de 50 técnicos de la compañía eléctrica ENDESA para comprobar las instalaciones y el fraude de fluido eléctrico. En este sentido, de las 29 inspecciones que se realizaron en las distintas ubicaciones investigadas, en 28 se detectó fraude y sólo una era legal. Las 28 inspecciones donde se detectaron irregularidades se correspondían con las plantaciones, mientras que la otra se trataba de una vivienda en la que no se cultivaba.
La cantidad de energía total defraudada es de 4’39 GWh, lo que supone un equivalente del consumo de 1.256 viviendas, suponiendo un consumo anual de 3.500 kWh/vivienda. La cuantía de la energía defraudada asciende a más de un 1’5 millones de Euros.
Una información anónima desencadena la investigación
La investigación, tutelada por el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, se activó a mediados del mes de mayo del pasado año a raíz de una información anónima que alertaba a los Mossos d’Esquadra que en una nave industrial de Sant Vicenç de Castellet se desarrollaba una actividad sospechosa y posiblemente delictiva. Los investigadores pudieron acreditar esta información y, además, recopilaron más indicios que apuntaban a la comisión de más delitos contra la salud pública en otros puntos del Bages, y posteriormente, en el resto de Cataluña.
A medida que se avanzaba en la investigación se abrieron nuevas líneas de trabajo, cada una de ellas con sus particularidades, pero todas apuntaban y perfilaban una única estructura criminal que lideraba las diferentes plantaciones que se iban descubriendo en todo el territorio.
El equipo conjunto de investigación fue relacionando los cultivos localizados hasta comprobar y confirmar que la organización se había extendido por toda Cataluña, hasta establecerse en la mayoría de las regiones policiales en las que se estructura el cuerpo de Mossos d’Esquadra.
Según los investigadores, disgregar los cultivos por todo el territorio obedecía al principio de diversificación de riesgos para mantener la estructura activa la estructura productiva y distribuidora en el supuesto de una intervención policial de tipo local o regional. El operativo del pasado 24 de mayo permitió desmantelar toda la estructura criminal y actuar sobre todos los puntos activos que mantenía la organización.
El funcionamiento de la organización
Los jefes del grupo criminal, aunque eran extranjeros, estaban asentados en Cataluña y disfrutaban de un alto nivel de vida. Se habían establecido en las demarcaciones de Girona y Tarragona, donde se pudo determinar que uno de sus miembros adquirió legalmente un establecimiento de restauración.
Una vez que decidían las ubicaciones donde instalaban las plantaciones, los miembros del grupo alquilaban de forma legal inmuebles, en algunos casos de alta gama y con opción de compra, a un precio de entre 1.500 y 2.500 euros. Los propietarios de los inmuebles desconocían la actividad ilícita que en ellos se desarrollaba.
En este punto, uno de los vínculos en común sobre el que pivotaban las diferentes plantaciones era la figura de un electricista profesional, que en un primer momento pinchaba las estaciones de suministro eléctrico y proveía a los locales y casas de la potencia necesaria para dar servicio a la plantación.
También diseñaba e instalaba de forma óptima las instalaciones de riego e iluminación para aumentar la producción y reducir el tiempo de cosecha al máximo. A modo de ejemplo, en las plantaciones se combinaban sistemas de iluminación más habituales, como las bombillas de sodio, con otras con sistemas de iluminación con luces LED.
Paralelamente a la puesta en marcha de la plantación, los jefes importaban de su país de origen “jardineros” para cuidar y defender las plantaciones frente a posibles ataques por parte de otra organización. Durante el tiempo que duró la investigación se reportó en el mes de abril un asalto por parte de alguna otra organización o grupo rival, a la población de Sant Vicenç de Castellet. Se da la circunstancia de que los asaltantes accedieron a una edificación en desuso cercana a una de las plantaciones, que la organización ya no utilizaba, y no lograron su objetivo.
Los trabajadores que se ocupaban de las plantaciones eran hombres extranjeros, llevados hasta Cataluña por la estructura de la organización, por lo que cerca del 90% carecían de antecedentes policiales. Ellos se encargaban de la plantación y su seguridad, en unas condiciones de vida muy precarias y en muchos casos sometidos al control de los miembros de la organización.
Cultivaban principalmente dos variedades de marihuana modificadas genéticamente llamadas amnesia y critical . Estos dos tipos de variedades se caracterizan por tener unos efectos potentes, facilidad de cultivo, floración corta y una producción potencial elevada, con un precio al por mayor en el mercado negro que oscila entre los 2.300 y 2.500 euros por kilogramo. Este precio se encuentra sensiblemente por encima de la media establecida en los estándares europeos de precios de esta sustancia.
La droga se transportaba principalmente al mercado europeo por carretera, aunque en este caso concreto, los investigadores pudieron también detectar relaciones con una tienda de suministro de material para los cultivos de marihuana.
El dinero que obtenía de la venta ilegal de marihuana les suponía en su mayor parte beneficios netos, aunque una pequeña parte los reinvertían principalmente en la producción de más plantaciones. Los investigadores también comprobaron que al menos un miembro del grupo había adquirido una empresa de construcción y venta de muebles en su país de origen.
Repetición de patrones criminales
Los analistas de la DIC han estimado que, en referencia a este grupo criminal, se repiten los patrones que se han registrado en las diferentes investigaciones llevadas a cabo en el último año.
Las organizaciones criminales internacionales productoras y distribuidoras de marihuana ven a Cataluña como el mercado ideal donde poder adquirir marihuana en un primer momento, para después instalarse en territorio catalán y pasar a cultivarlo, como ocurre en este caso investigado.
Este estadio de implantación de organizaciones en Cataluña aumenta de nivel en el momento en que la violencia entre distintos grupos entra en juego y se producen ataques entre plantaciones porque es más rentable llevarse la sustancia de otro productor que cultivarla , secarla y empaquetarla.
Una vez asentadas y en funcionamiento, las organizaciones fijan sus tentáculos en Cataluña a través sobre todo de la adquisición, siempre de forma legal, de inmuebles, negocios y otras propiedades que se utilizan para blanquear, al menos en parte, el dinero obtenido del negocio ilícito. Otra parte de los beneficios se invierte también en el extranjero. En estos momentos se investiga si en este caso la organización criminal desmantelada se encontraba en este estadio.
Los delincuentes utilizan determinados sectores «legales» de la población para desarrollar su actividad. Algunos, como abogados, jardineros o electricistas, son conocedores de la actividad delictiva y otros no, como pueden ser inquilinos, transportistas, etc.
