CatalanGate: Una juez de California investiga la denuncia de WhatsApp contra NSO por el espionaje de los políticos
La compañía israelí NSO, responsable del software Pegasus con que se espió el presidente del parlament, Roger Torrent, y a más dirigentes políticos independentistas, se puede ver forzada a revelar los nombres de todos los clientes, que son estados, e incluso los objetivos del espionaje.
Esta semana una juez de California ha aceptado continuar la investigación de la NSO a raíz de una denuncia presentada por Facebook y WhatsApp debido a la intromisión en los teléfonos móviles de cientos de activistas, disidentes políticos, periodistas y responsables políticos, entre los que se ha sabido que también hay independentistas catalanes.
Este software sólo lo pueden comprar gobiernos estatales, ya que el software de NSO es considerado un arma por el gobierno israelí, que ha de autorizar la venta.
Al parecer con el dicho software se espió a Jordi Domingo, Anna Gabriel, Ernest Margall, Sergi Miquel y Roger Torrent.
El Ministerio del Interior niega haberlo hecho. El CNI, que depende de defensa, también lo niega. Pero si la NSO es forzada a revelar sus clientes, las consecuencias políticas, judiciales y diplomáticas pueden ser incalculables.
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Las empresariales
Facebook, propietario de WhatsApp, se apresuró a denunciar el espionaje detectado entre abril y mayo del año pasado de 1.400 usuarios de la aplicación de mensajería aprovechando un agujero de seguridad por el impacto negativo que puede tener en la imagen y la reputación de la compañía, ya muy tocada por varios escándalos.
Contactó con los investigadores de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, en Canadá, que son los que han descubierto.
De momento, que entre los 1.400 usuarios espiados en aquellos dos meses hay más de un centenar de activistas por los derechos humanos y disidentes políticos.
Y pueden ser muchos más, porque el Pegasus ya hace casi cuatro años que funciona, y la lista de personalidades políticas y sociales espiadas, también dentro del independentismo, puede ser mucho más larga. Además, Citizen Lab aún no ha terminado la investigación.
El procedimiento judicial contra NSO puede ser determinante para confirmar la responsabilidad que tiene el gobierno de una manera indirecta y, de confirmarse con documentación y pruebas, podría disparar los procedimientos judiciales de ámbito internacional y en diversas jurisdicciones por los afectados.
La juez californiana Phyllis Hamilton, en el auto de admisión de la causa, decía que no la convencían los argumentos de la empresa israelí según los cuales no tiene ninguna responsabilidad en el espionaje, porque ellos crean la herramienta pero los objetivos los seleccionan los gobiernos de los estados, que son los clientes.
La juez no lo ve así, piensa que NSO puede tener algún papel, ‘incluso bajo la dirección de los clientes’.
Esto significa que el procedimiento pasará ahora a la fase de la presentación de pruebas, en la que todas las partes podrán pedir documentos, registros y pruebas de todo tipo.
Y es en este punto donde NSO se puede ver forzada a revelar la información que hasta ahora ha querido mantener en secreto: quiénes son los clientes.
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Las investigaciones de Citizen Lab han demostrado que el software malicioso ha sido utilizado por los gobiernos de Arabia Saudita, México y los Emiratos Árabes Unidos, siempre, según NSO, con el pretexto de utilizarlo contra supuestos criminales que representaban una amenaza para el país, tales como terroristas y narcotraficantes.
Pero la investigación de Citizen Lab demuestra que lo han utilizado contra políticos paquistaníes, activistas pro-derechos humanos, intelectuales y periodistas indios, contra disidentes de Ruanda, algunos de los cuales exiliados, contra un periodista marroquí y contra independentistas catalanes.
A raíz de la publicación del caso de espionaje contra Roger Torrent, un ex-trabajador de NSO, manteniéndose en el anonimato, dijo a la revista Vice que España era, efectivamente, uno de los clientes de la empresa. El primer cliente europeo, comentó.
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