Suiza vuelve a dar la espalda al juez García-Castellón por tercera vez: «Tsunami no es terrorismo»
«Tsunami no es terrorismo». Por tercera vez, Suiza ha vuelto a rechazar la petición del juez Manuel García-Castellón de colaborar en la causa por las protestas de la sentencia del Procés. Las autoridades helvéticas han remitido un informe al instructor de la causa para reiterarle que no ven el delito de terrorismo en los impulsores de las manifestaciones, y que no le ayudarán a investigarles, tal como ya dijo en el mes de febrero.
El informe está incluido ya en la causa, pero aún no se ha trasladado a las defensas de los investigados. García-Castellón sí informó a los abogados a principio de semana que había recibido una respuesta de Suiza. En todo caso, se trata de un nuevo revés en las pretensiones del magistrado de investigar a Carles Puigdemont, Marta Rovira y una decena más de empresarios, activistas y periodistas por las protestas contra la sentencia del Procés.
Según Suiza, esas manifestaciones tenían «contenido político» y ya es habitual que las autoridades helvéticas no colaboren en causas en las que ven un trasfondo político. No lo han hecho hasta ahora con Tsunami, pero tampoco lo hicieron con la causa del 1-O. Gran parte de los investigados se encuentran precisamente en Suiza.
Todo, mientras García-Castellón ya hace movimientos para aplicar -o no- la ley de amnistía. Ha dado diez días a las partes para que se posicionen sobre qué debe hacer con la ley. La Fiscalía pedirá que lo aplique, el resto de acusaciones, probablemente, buscarán algún resquicio para aplazarlo. En una entrevista esta mañana en Ser Catalunya, Rovira ha dicho que no volverá hasta que esta causa no se archive.
Pese a las constantes negativas de Suiza y de la Fiscalía, García-Castellón insiste en la tesis del terrorismo. De hecho, las defensas han identificado esta causa como un intento de la cúpula del poder judicial por driblar a la amnistía -los negociadores se esforzaron por hacer encajar el terrorismo-, y todo ello podría acabar con una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El juez reactivó la causa cuando comenzaban las negociaciones por la amnistía, después de cuatro años paralizada. No fue hasta hace unas semanas que citó a declarar a los investigados. Mientras tanto fue ordenando diligencias para tratar de acreditar el delito y permitió la entrada a la causa de acusaciones que le permitan sostener esta tesis, como la ultraderecha de Vox o dos agentes de la policía heridos en las protestas de la plaza de Urquinaona en Barcelona.
Por ahora, la causa está dividida. El Tribunal Supremo investiga a Puigdemont y Ruben Wagensberg -la instructora Susana Polo ha dado diez días a las partes para que se posicionen sobre la amnistía- y la Audiencia Nacional se ha quedado Marta Rovira, Marta Molina, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Oleguer Serra, Jesús Rodríguez, José Campmajó, José Alay, Jaume Cabaní y Nicola Foglia.
