La Fiscalía pide 173 años de cárcel para Francisco González y multa al BBVA por el contrato a Villarejo
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hasta 173 años de prisión para Francisco González por su supuesta implicación en la contratación del excomisario José Manuel Villarejo con el objetivo de realizar labores de espionaje a empresarios, políticos y periodistas durante más de una década.
Además, el ministerio público reclama una multa de 181,1 millones de euros para el banco BBVA, al considerarlo responsable como persona jurídica dentro de esta causa.
En el caso del expresidente de la entidad, la Fiscalía le imputa un delito continuado de cohecho activo, por el que solicita cinco años de cárcel, junto a 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con penas de cuatro años por cada uno.
La acusación se extiende a otros antiguos directivos. Entre ellos, Eduardo Arbizu, para quien se piden 29 años y medio de prisión, así como Antonio Béjar y José Manuel García Crespo, ambos con 27 años solicitados.
Por su parte, Eduardo Ortega afronta una petición de 26 años y medio, mientras que Óscar Santos podría enfrentarse a 43 años de prisión por su papel en la relación con el entorno del excomisario.
En cuanto a Ángel Cano, la Fiscalía solicita el archivo provisional de la causa, al considerar que los delitos atribuidos habrían prescrito.
El papel de los mandos policiales
La acusación también alcanza a Julio Corrochano, para quien se solicitan 243 años de cárcel, al sumar delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.
Según la investigación, la conexión entre el banco y Villarejo se habría facilitado a través de este exalto mando policial, que actuó como intermediario clave entre la entidad y el entramado empresarial del excomisario.
El escrito de acusación señala directamente al BBVA como responsable penal, proponiendo una sanción económica estructurada en multas diarias durante varios años por delitos continuados de cohecho y revelación de secretos, lo que eleva el total a más de 181 millones de euros.
Aval judicial para la apertura de juicio
A finales de febrero, la Audiencia Nacional respaldó la apertura de juicio oral contra el banco y su expresidente, rechazando los recursos presentados por los investigados.
Los magistrados consideraron que no resulta creíble que la entidad desconociera los hechos, alineándose con la postura de la Fiscalía y del juez instructor.
Origen del caso y contratación de Villarejo
El proceso se remonta a 2004, cuando se habrían formalizado contratos con el grupo empresarial CENYT, vinculado a Villarejo. Sin embargo, el origen de la relación se sitúa antes, en 2002, con la incorporación de Corrochano al banco.
El entonces presidente, Francisco González, habría autorizado estas actuaciones, permitiendo que un reducido grupo de directivos conociera y gestionara estas operaciones de carácter reservado.
Actividades de inteligencia y espionaje
Según el instructor Manuel García Castellón, Villarejo aprovechó su posición para desarrollar una estructura empresarial orientada a obtener beneficios mediante el acceso a información confidencial.
Los trabajos encargados incluían seguimientos, interceptación de comunicaciones, acceso a bases de datos policiales y análisis patrimonial de distintos objetivos, entre ellos figuras del ámbito empresarial, jurídico y mediático.
Estas actividades se habrían llevado a cabo con garantías de discreción y opacidad, según la investigación judicial, lo que refuerza la gravedad de los hechos analizados dentro del conocido como caso Villarejo.
