Pablo Hasel se enfrenta a dos años de prisión

Pablo Hasel se enfrenta a dos años de prisión

Ayer la Guardia Urbana de Barcelona  llamó a la puerta de Pablo Hasél. Esperando la notificación de su inminente ingreso en prisión, ha sabido que tendrá que ser presidente de mesa en las próximas elecciones catalanas del 14 de febrero.

El cantante se convertirá en el primer rapero encarcelado en Europa, enfrentándose a una primera condena que llega casi hasta los dos años de presión a los que se le podrían sumar otros dos por una condena en suspensión de 2015.

Otros procesos judiciales abiertos pueden hacer que Hasél se enfrente a casi dos décadas de reclusión. La condena por la que deberá entrar en prisión se ha dictado contra el criterio de las partes del procedimiento, incluida la Fiscalía.

«Que un tribunal vaya más allá de la petición de la Fiscalía es gravísimo e insólito», aclara su abogado. «Ante una sentencia tan injusta no me pienso entregar, sería una humillación, así que tendrán que venir a secuestrarme».

Hasél tendrá que ser encarcelado en menos de diez días desde que reciba personalmente la notificación de la Audiencia Nacional (AN).

El Tribunal le ha condenado a nueve meses de prisión, a los que se sumarían otros tantos dada su negativa a pagar la multa económica, por tres delitos: enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona e injurias a las instituciones del Estado.

«Le condenan por sus canciones y algunos tuits en los que se refiere a torturas sobre asesinatos cuyos responsables son las Fuerzas de Seguridad del Estado», explica Diego Catriel Herchhoren, su letrado.

Por otra parte, la notificación que por ahora tan solo ha recibido el abogado está sin firmar. Tal y como ha podido confirmar Público, no aparece la rúbrica del tribunal que conforma la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la AN: ni de Concepción Espejel (señalada políticamente en varias ocasiones por su imparcialidad ) como presidenta, ni de Francisco Javier Vieira Morante y María Riera Ocáriz como magistrados.

Herchhoren explica la sorpresa que le ha producido que el tribunal vaya más allá de las pretensiones de la Fiscalía:

«Cuando una persona va a entrar en prisión, hay un trámite previo en el que las partes deben pronunciarse sobre si consideran que hay motivos o no para suspender el ingreso en la cárcel. En este caso, el condenado se compromete a no cometer delitos en dos años y se le imponen una serie de conductas que si son vulneradas se revocaría la decisión. Lo que ha ocurrido es bastante insólito procesalmente hablando, más allá de que se haya impuesto el criterio del Tribunal por encima del de las partes».

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