La ONU censura las «leyes de concordia» de PP y Vox por atentar contra los derechos humanos
Toque de atención de Naciones Unidas a los gobiernos autonómicos de PP y Vox por la derogación de las leyes o decretos de memoria democrática en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León; y su sustitución por lo que han llamado «leyes de concordia».
A petición del ejecutivo de Pedro Sánchez, tres relatores de la ONU han emitido un informe, publicado esta semana, en el que alertan de que estas leyes «podrían afectar a la obligación del Estado Español ya sus poderes y entidades nacionales o locales de garantizar la preservación de la memoria histórica de violaciones graves de derechos humanos». En este caso, los cometidos por la dictadura franquista.
Tres normas, el mismo patrón
El documento se fija en el contenido de los proyectos de ley que han aprobado o registrado los gobiernos de las tres comunidades. En el caso de Aragón, se fija en que el texto «no hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista», sino que habla de las «atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil».
Esto, dice el informe, al tiempo que sí menciona la violencia política ejercida durante la Segunda República, que precedió a la guerra civil y la dictadura.
En esta línea, los relatores de la ONU subrayan que el proyecto de ley de «concordia» que quiere aprobar el gobierno de Castilla y León» suprime la palabra ‘dictadura’ para referirse al período histórico del franquismo, y no incluye una condena expresa a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1936 y 1978″.
Según apunta el informe, de ocho páginas, también «amplía el alcance histórico de la normativa a las víctimas políticas del período comprendido entre 1931 y 1978».
En el caso del País Valencià, el gobierno de PP y Vox también ha presentado un proyecto de ley con el mismo título y con un contenido similar. El documento destaca, por ejemplo, que la norma valenciana incluye el «terrorismo etarra e islámico» y establece el reconocimiento de «todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa».
Y eso, según los relatores de la ONU, «desvirtúa el objetivo de las leyes de memoria democrática de atender las necesidades y derechos de los cientos de miles de víctimas del franquismo y la guerra civil», que podrían verse asimiladas a » un grupo heterogéneo de crímenes y violaciones cometidas por diferentes actores a lo largo del siglo XX en España, sacándolos y el reconocimiento y atención necesarios».
Además, alertan de que, en los tres casos, la legislación que se ha sacado adelante disuelve a entidades e iniciativas en favor de este reconocimiento.
Preservar la memoria democrática, una obligación
Por todo ello, el documento insta al gobierno español a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se respeten los estándares internacionales en cuanto a la preservación de la memoria histórica y el derecho a la verdad, como «elemento esencial de la reparación a las víctimas, de las garantías de no repetición de la violencia pasada y del derecho a participar en la vida cultural».
De hecho, recuerda que es su obligación, como establecen numerosos tratados internacionales que se enumeran en el informe, desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por España el 27 de abril de 1977, en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El informe de la ONU está firmado por Fabian Salvioli, relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé,
presidenta y relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y Morris Tidball-Binz, relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Desde que el gobierno español aprobó la ley de memoria democrática, el 19 de octubre de 2022, 12 comunidades sacaron adelante sus propias normas en la línea de la legislación estatal. Normas que ahora, en estas tres comunidades gobernadas por el PP y Vox quieren tumbarse.
