Un año después de la Dana: Nuria Ruiz Tobarra sigue tras la pista de responsabilidades
Un año después de la tragedia del 29 de octubre de 2024, Nuria Ruiz Tobarra se ha consolidado como la magistrada al frente de la instrucción judicial que busca determinar qué ocurrió y quiénes son responsables. Su labor ha sido reconocida por víctimas y medios como diligente, metódica y empática, combinando rigor profesional con cercanía hacia los afectados.
Cuando estalló la catástrofe, veintiuna partidas judiciales abrieron diligencias por los muertos y desaparecidos. Ruiz Tobarra fue la primera en iniciar un procedimiento penal, incluso antes de que existiera un recuento definitivo de víctimas. Su juzgado, el de Catarroja, centralizó la investigación, que inicialmente se desarrolló desde la Ciudad de la Justicia debido a los daños en el edificio.
Con casi dos décadas de experiencia judicial, la juez ha demostrado un perfil discreto y eficiente, priorizando la claridad en autos y diligencias. Su actuación temprana incluyó la limitación de la instrucción a muertes y lesiones, dejando fuera los daños materiales, y la denuncia de la ausencia de avisos que podrían haber evitado víctimas.
Imputaciones y desmentidos al apagón informativo
En marzo de 2025, Ruiz Tobarra citó como investigados a la exconsejera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico Emilio Argüeso, por presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones. También ofreció declarar voluntariamente al expresidente Carlos Mazón, quien no se presentó.
La juez desestimó la versión de un supuesto apagón informativo, señalando que la información disponible existía, pero no se interpretó ni se actuó a tiempo. Criticó especialmente la tardanza del envío del ES-Alert, realizado a las 20:11, cuando ya se contaban víctimas y personas atrapadas.
Investigación acelerada por cartas y audios
En septiembre, la causa tomó impulso con la aparición de una carta de Maribel Vilaplana y audios de RTVE que aportaron claridad sobre el almuerzo de Mazón y la reunión en el Cecopi. Estas pruebas ayudaron a establecer la cronología de los hechos y a delimitar responsabilidades, aunque todavía quedaban vacíos en los momentos clave de la gestión de la emergencia.
El asedio a Mazón y la recopilación de pruebas
Durante los meses siguientes, la juez centró la atención en los contactos y decisiones del expresidente, citando testigos clave de su entorno, incluidos su jefe de gabinete, personal de prensa y escoltas. Ruiz Tobarra ha solicitado documentación, registros de aparcamientos y mensajes de WhatsApp, y ha investigado discrepancias entre las versiones de los implicados y las evidencias técnicas.
Su investigación también ha recogido testimonios de los técnicos del Cecopi, que detallaron retrasos y cambios en el envío del ES-Alert y las decisiones tomadas durante la emergencia.
Cercanía con las víctimas
Ruiz Tobarra ha mostrado una actitud cercana y empática con las víctimas de la dana, escuchando cientos de declaraciones directas y ordenando la inclusión de conversaciones y relatos personales en el expediente judicial. Los testimonios recogen escenas dramáticas de familiares intentando salvarse o despidiéndose de sus seres queridos.
Fase final de la instrucción
Hasta la fecha, más de 450 testigos han declarado, incluyendo familiares, técnicos, bomberos y autoridades. La juez continúa citando testigos y recabando pruebas, con la instrucción prorrogada hasta el 30 de abril, aunque aún faltan alrededor de setenta comparecencias, entre ellas alcaldes y la consellera Susana Camarero.
Se estima que la instrucción podría elevarse al Tribunal Superior de Justicia para investigar a Carlos Mazón en junio, aunque algunos calculan que el proceso completo podría extenderse al menos un año más.
Compromiso constante
Nuria Ruiz Tobarra mantiene su labor diaria con perseverancia y discreción, siempre empujando la investigación hacia adelante, mientras continúa acumulando pruebas y citando testigos, arrastrando su maleta de ruedas por los juzgados, símbolo de su determinación para esclarecer la verdad.
