La UE aprueba el acuerdo comercial con el Mercosur pese a las protestas del sector agrícola
Los líderes de los 27 países de la Unión Europea dieron luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— tras aprobar las salvaguardias necesarias para proteger el sector agroalimentario europeo. La decisión se tomó por mayoría calificada, superando la oposición de Francia y Hungría, gracias a las garantías negociadas el pasado diciembre. El mandato definitivo se formalizará este viernes a las 17:00 mediante un procedimiento escrito acelerado.
La aprobación permitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, rubricar tanto el acuerdo de asociación como el tratado comercial con los países sudamericanos. Pese a las reservas de los Estados con sectores agrícolas sensibles, la mayoría priorizó la apertura de mercados y la cooperación económica con el bloque del Cono Sur, incorporando mecanismos de protección para productos europeos frente a la competencia de importaciones agropecuarias.
Protestas y oposición de los campesinos
Los campesinos catalanes y europeos han intensificado las protestas contra el acuerdo, con bloqueos en la AP-7, N-II en Pontós y el Puerto de Tarragona, organizados por Unió de Pagesos y Revolta Pagesa, sumándose a manifestaciones continentales que buscaban retrasar la firma del pacto.
Los agricultores denuncian una competencia desleal por las importaciones sudamericanas de carne bovina, porcina, cereales, azúcar y soja, producidas con mano de obra precaria y sin costes ambientales equivalentes, lo que afecta directamente a los márgenes de las explotaciones locales y desplaza productos de proximidad. También alertan sobre riesgos sanitarios, incluyendo pesticidas y hormonas prohibidos en la UE, zoonosis y la deforestación amazónica, que contradicen los objetivos del Pacto Verde Europeo.
Asimismo, los campesinos señalan que las cláusulas de protección y salvaguardias resultan insuficientes debido a la falta de verificaciones independientes y sanciones vinculantes, y advierten que el acuerdo podría provocar la quiebra de miles de explotaciones familiares en Lleida y Tarragona, acelerando el éxodo rural y afectando la soberanía alimentaria, en beneficio de grandes multinacionales.
